Las ONG y las demás organizaciones privadas del llamado Tercer Sector juegan un papel cada vez más importante en la sociedad. Es un papel liberal que implica una privatización silenciosa de la solidaridad e implica también el fracaso del Estado en muchas áreas de la misma. Es mejor que la solidaridad esté gestionada por entidades privadas no lucrativas que por el Estado. La financiación de estas entidades y sus proyectos debe ser privada, y las subvenciones arbitrarias del Estado en función de las preferencias del gobierno de turno sólo logran colonizar el Tercer Sector y desacreditar a sus organizaciones. Si el Estado va a gastar equis millones en proyectos solidarios, cada ciudadano debería tener acceso a una cuenta virtual desde la que asignar su parte a unos u otros proyectos. Es su derecho y no puede serle usurpado por los "expertos" ministeriales.
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