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Jul 03 1995

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Gibraltar: un nuevo papel para una España democrática

Conferencia pronunciada como presidente de la asociación Amigos de Gibraltar en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El Escorial, 3 de julio de 1995.

Al comenzar mi intervención no puedo dejar de expresar públicamente el agradecimiento de la Asociación que presido al Director del Curso por modificar el programa para dar cabida a esta intervención, y a todos ustedes por escucharme. La Asociación Española de Amigos de Gibraltar se constituyó el 4 de mayo de 1992 por iniciativa de un grupo de ciudadanos españoles de la más diversa procedencia geográfica, académica y social. Creíamos entonces y seguimos pensando ahora que la situación colonial de Gibraltar constituye a las puertas del siglo XXI un anacronismo y una injusticia para las que sólo hay una salida democrática: escuchar a la población colonizada y facilitarle el ejercicio de su incuestionable derecho a una descolonización de la que sea protagonista lejos de los tópicos, los clichés y los tabúes del pasado.

Tras más de tres años luchando por los derechos políticos de los gibraltareños, llegamos a la conclusión para nosotros triste de que hoy está todavía lejano el día en que las autoridades españolas comprendan a Gibraltar y lleguen a respetar su identidad y sus derechos. Sin embargo, vemos con enorme optimismo la evolución sociológica del asunto. La encuesta realizada en diciembre de 1992 por INCIPE y dirigida por el catedrático D. Salustiano del Campo, aquí presente, daba ya como resultado un 24.7 % de ciudadanos de toda España que, preguntados sobre el futuro del Peñón, afirmaban que la solución debía estar en manos de los gibraltareños. Nosotros estamos convencidos de que ese porcentaje se dispara en las zonas urbanas y entre las generaciones que se han educado ya en democracia. Para averiguarlo estamos considerando la posibilidad de encargar un estudio pormenorizado a un prestigioso instituto de sondeos de opinión. Estamos seguros de que los resultados asustarán a más de uno, pero quizá hagan reflexionar a muchos.

Por otro lado, hemos roto la unanimidad de las resoluciones parlamentarias favorables a la anexión de Gibraltar y hemos sumado las voluntades de numerosas asociaciones, colectivos y movimientos de todo tipo y de toda España a la causa que defendemos, desde la Unión de Estudiantes Democráta-Cristianos hasta el Partido Nacional Español de Melilla y desde Esquerra Republicana de Catalunya o las juventudes de Convergencia hasta ONGs como Justicia y Paz, por citar algunos ejemplos. Y finalmente, hemos desarrollado una incesante labor de información a las instituciones españolas e internacionales, cuya expresión más nítida ha sido tal vez la comparecencia ante la Cuarta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas el 11 de octubre pasado.

En definitiva, nuestra labor es muy similar a la que desarrollan otras asociaciones de solidaridad internacional como la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui u otras, con la diferencia de que a nosotros se nos crucifica constantemente en algunos medios de comunicación y se nos tacha de felones, vendepatrias y otras lindezas. Ante eso, afirmo que somos un colectivo de gente normal, ciudadanos que se enorgullecen sin estridencias de ser españoles y que no desean ver como su país intenta corregir una injusticia histórica provocando otra, y perjudicándose de paso a sí mismo, —por satisfacer un orgullo anacrónico—, respecto a numerosos intereses prácticos como el desarrollo de la comarca del Campo de Gibraltar o la seguridad política de Ceuta y Melilla. En este punto hay que recordar que, por más que las consideraciones históricas o jurídicas sean distintas, sería un jarro de agua fría y un precedente terrible para ambas ciudades que a Gibraltar se le diera una solución contraria a la expresa voluntad de los gibraltareños. Rabat se frotaría las manos.

No nos engañemos. Hoy ya no existe un contencioso hispano-británico por la soberanía de Gibraltar. Hoy existe un conflicto, que puede llegar a desembocar en graves consecuencias de orden público, entre la parte gibraltareña y la parte hispano-británica, entre la parte colonizada y la parte que somete férreamente a Gibraltar a una situación doblemente colonial en la que, contra el expreso mandato de Naciones Unidas, lejos de ampliar el autogobierno de la sociedad colonial asistimos a permanen-tes intentos de reducirlo. La connivencia británica con las tesis de Madrid hace que hoy la única alternativa para Gibraltar sea buscar apoyos y aliados en el concierto internacional. La potencia metropolitana, que teóricamente está obligada a defender los derechos e intereses de su colonia hasta que ésta pueda emanciparse políticamente, no tiene más interés que el de no soliviantar a España.

Uno de los periodistas más conocidos de Gibraltar me dijo una vez que Gibraltar es un hijo ilegítimo que Inglaterra le hizo a España, producto de una violación deleznable, pero no se puede restaurar el honor de la España violada en 1704 asesinando al hijo que, doscientos noventa y un años después, ha alcanzado ya la edad adulta.

Por más que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores hable de una “población” gibraltareña que tiene legítimos “intereses”, es ponerse una venda en los ojos el no reconocer que desde 1704 la Historia no ha estado parada en el peñón de Gibraltar, y que esa roca que quedó prácticamente desierta en el momento de su ocupación fue repoblada poco a poco con seres humanos de las más diversas procedencias que, al cabo de tres siglos, con una historia más larga que la de los Estados Unidos de América, con las costumbres y tradiciones de sus lugares de origen, con su mezcla de culturas y de religiones, con la impronta de la educación británica, con los quince periodos de aislamiento y asedio, con la experiencia traumática de la evacuación y la repatriación durante la Segunda Guerra Mundial y con el cierre de la frontera decretado unilateralmente por Franco, han configurado una nacionalidad, una etnia, un grupo humano diferente de cualquier otro y distinto desde luego del español, ni mejor ni peor sino diferente, con otra arquitectura, con otra gastronomía, con su propio dialecto y con voluntad y consciencia no de “población” con intereses sino de grupo nacional con derechos.

España consiguió en los sesenta que una resolución de la ONU le fuera parcialmente favorable. La interpretación de ese texto por parte de Madrid es triunfalista. Cada año se aprueba en la Asamblea General una resolución de consenso entre Madrid y Londres. Ambos gobiernos se aferran a ese sistema para evitar debates y votaciones, ya que las resoluciones de consenso entre las partes pasan sin discusión y nadie se preocupa de leérselas ni de preguntar a los interesados, los gibraltareños.

No está tan claro qué pasaría hoy si se volviera a plantear un verdadero debate sobre la cuestión, ni cuál sería la postura que adoptasen decenas de Estados postcoloniales que tienen fresca en sus memorias las palabras descolonización y autodeterminación. Toda la restante doctrina de la ONU sobre el bienestar y el autogobierno de las colonias y sobre su ulterior descolonización deja claro el camino para un Gibraltar soberano. Creo sinceramente que hoy nadie comprende cómo un país como España puede seguir diciendo en democracia las mismas cosas que decía Castiella, cuando era el Ministro “del Asunto Exterior”, porque sólo le preocupaba este asunto o, mejor dicho, le obsesionaba. Cómo puede seguir proclamando la España de hoy que los gibraltareños no son parte en este contencioso, cómo puede seguir ninguneando a todo un parlamento democráticamente elegido que es unánime en esta materia, cómo puede exigir que un Estado democrático le entregue un territorio colonial cometiendo un acto similar al que Madrid hizo al entregar el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en 1975. La ONU consideró ilegítima esa entrega y todavía hoy considera a España como potencia administradora del Sáhara Occidental porque aquella entrega, al no hacerse con la aprobación del Pueblo concernido, no fue válida por más que Marruecos subjetivamente considerase suyo el territorio como hace España en el caso de Gibraltar. La sentencia del Tribunal Internacional de La Haya fue muy clara en el caso del Sáhara Occidental: los derechos de la población de un territorio colonial a la descolonización y la autodeterminación están por encima de cualquier reivindicación territorial de otro Estado. Así se ha materializado también en el caso de Belize, que accedió a su plena independencia pese a la reivindicación guatemalteca, idéntica a la española sobre Gibraltar. El derecho de la población, incluso si no tuviera características etnoculturales de pueblo, que las tiene, prima sobre toda otra consideración. Quizá por eso España nunca ha aceptado llevar el contencioso de Gibraltar ante el Tribunal de La Haya, por más que se le ha ofrecido.

En plena Década Internacional para la Erradicación del Colonialismo, es preciso que abandonemos todos un orgullo desfasado, reconozcamos la existencia de un pequeño país sujeto de derechos, y reconozcamos también que lo que se descoloniza no son las hectáreas sino las personas.

Como españoles, los miembros de la Asociación que presido, primero por coherencia democrática y en segundo lugar por el propio interés y el prestigio democrático de nuestro país, pedimos un status de emancipación política formal para Gibraltar, similar al de países como San Marino o Mónaco. Reclamamos la denuncia del Tratado de Utrecht, caducado por la Historia y por la eclosión de una nueva aunque pequeña nación en el territorio, y pensamos que España debería jugar el papel contrario al que juega. España podría ser el baluarte de un Gibraltar democráticamente descolonizado y similar a los microestados mencionados. Se erradicaría así la presencia colonial británica de la península, sería una salida honrosa para Londres y Madrid, y España se aseguraría sus legítimos intereses en la zona mediante un tratado trilateral y un posterior tratado bilateral de imposible derogación por formar parte de la Constitución del nuevo Estado y del acuerdo de concesión de la independencia, de forma similar a como se ha hecho en el caso de Andorra. Creo sinceramente que los intereses españoles en la zona estarían mejor defendidos así, y todos sabemos que hay asuntos de lucha contra la criminalidad, de paz y seguridad en la zona, de temas fiscales, de medio ambiente, etc., que preocupan a España y que quedarían así cubiertos. Esta es nuestra propuesta. Para ello es fundamental el apoyo de las generaciones educadas en democracia que no han vivido el bombardeo de propaganda nacionalista basada en el tema de Gibraltar durante cuarenta largos años. Es, por tanto, un reto también para los alumnos de este curso.

Muchas gracias

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