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Mar 01 2000

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El caso Pinochet como precedente

El procesamiento del exdictador chileno, con independencia de su final, sienta un precedente de gran importancia para el futuro. La impunidad de los mandatarios parece estar tocando a su fin como consecuencia de la globalización. Las soberanías nacionales ya no son un bunker, ni las fronteras limitan la acción de la justicia.

El caso Pinochet ha representado un peldaño más en la larga escalera que nos lleva hacia una globalización que ni podrá ser ni será meramente económica. Con todas sus incidencias, errores y aciertos, el caso nos demuestra que hoy las fronteras y las soberanías se han diluido incluso para los jefes de Estado pasados o actuales. Los ciudadanos de cualquier parte del mundo ya se creen con derecho a intervenir judicialmente en cualquier otra parte del mundo, porque esas fronteras y esas soberanías han perdido importancia frente a otros conceptos y valores que van adquiriendo fuerza universal. Aunque la praxis política ha impuesto al gobierno británico y, especialmente, al español la toma de decisiones que difícilmente encajan con la independencia judicial, el caso deja un precedente de incuestionable valor para los próximos años y décadas, y evidencia la pugna entre el agonizante Estado nacional, representado en esta ocasión por los gobiernos de Chile, España y Gran Bretaña, y la nueva sociedad global emergente, representada por el juez Garzón, por una decena de procesamientos benditamente extraterritoriales que socavan con decisión las obsoletas soberanías nacionales y por el clamor de millones de personas que no aceptan que el destino de un exdictador manchado de sangre corresponda sólo a los ciudadanos concretos del país en cuestión.

Si Pinochet se libra de la cárcel sólo por viejo o por enfermo, pero no porque su procesamiento no fuera legítimo, el precedente es fantástico: que no se atreva Milosevic, Castro, Saddam o Gaddafi a poner el pie fuera de su país, convertido en cárcel no sólo para sus víctimas sino también, ahora, para el verdugo. Por otra parte, habría que recordar que muchas personas en iguales condiciones de salud o vejez son juzgadas cada año, en todo el mundo. Por ejemplo, se cuenta por decenas los casos de ancianos nazis identificados por la Fundación Wiesenthal en todo el mundo, capturados por el Mossad o extraditados y llevados a Israel para su procesamiento, sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello.

Muchos juristas han expresado un temor legítimo a que el caso Pinochet abra las puertas a un incremento exponencial de los procesamientos trasnacionales de antiguos altos cargos políticos en regímenes no democráticos. Si tal inflación judicial trasnacional llega a producirse, servirá en realidad para obligar a los políticos a arbitrar de una vez por todas mecanismos judiciales de ámbito superior al nacional. La jurisdicción universal en lo relativo a los crímenes contra la dignidad humana podrá residenciarse en un nuevo estamento judicial multilateral, pero no puede simplemente retirarse de los tribunales nacionales sin buscársele otro acomodo, quizá más correcto.

Muchas organizaciones cívicas de tod el mundo, y especialmente la Internacional Liberal, llevan ya muchos años reclamando un autentico tribunal penal internacional, con la exigencia importantísima de que esta alta corte no se vea sometida al veto de los Estados, ni sus jueces sean nombrados por los respectivos poderes ejecutivos. Los Estados que con mayor firmeza se oponen a esta opción son precisamente los que más temen que un tribunal así pueda incomodarles en el futuro al poner en evidencia el déficit democrático o humanitario de sus respectivos regímenes. La palabra más utilizada en todo el mundo por quienes rechazan la trasnacionalidad de la justicia es “injerencia”. Pues bien, la injerencia en defensa de la dignidad humana y de los derechos básicos de la persona no sólo es legítima sino que constituye un deber. Hay una soberanía mucho más importante que la de las patrias: la soberanía de las personas, cuya autodeterminación individual es superior en rango a cualquier entendimiento colectivista de la justicia. Injerirse es, en estos casos, mucho más civilizado que respetar soberanías nacionales ejercidas con desprecio de derechos elementales, como, en este caso, el derecho que asiste a las víctimas del régimen militar chileno. Lo que los Estados no admiten, y lo que ha puesto en una situación embarazosa a Madrid y Londres, es que la acción de injerencia no haya sido ejercida por el poder ejecutivo, como en Kosova o Bosnia o como en la Guerra del Golfo, sino por el poder judicial en actuación totalmente independiente y sin pararse a pensar en los intereses políticos de España o del Reino Unido. Es una bofetada sin manos de la ciudadanía, de los demandantes, de las asociaciones defensoras de los Derechos Humanos y de los propios jueces al poder ejecutivo, que se cree el único con capacidad de actuar en el terreno internacional pero que debe acostumbrarse a que eso ya no es así. Uno de los factores que conformaban al Estado como sujeto de Derecho internacional era la unicidad de su voz en el contexto internacional, voz que era inequívocamente expresada por el poder ejecutivo, con exclusividad. Ese entendimiento del marco de las relaciones internacionales también se ha visto dañado por el caso Pinochet, afortunadamente. Hoy los agentes de las relaciones internacionales son muchos más y mucho más complejos que los Estados nacionales representados por sus poderes ejecutivos.

Desde el punto de vista simbólico, las pasiones que el caso Pinochet ha levantado son incomprensibles fuera de Chile (donde, naturalmente, es lógico que la emoción ciegue a los seguidores y detractores del general). A Pinochet no se le ha procesado por su particular ideología, sino por haber permitido y ordenado crímenes espeluznantes. Quienes en todo el mundo defendemos la economía de libre mercado tenemos en Chile un ejemplo excepcional de una política económica correcta que ha llevado al país andino a un crecimiento espectacular y a una enorme mejora del nivel de vida de su población, y no tenemos reparos en admitir que buena parte de esos logros se deben a ministros de la etapa militar, pero ello no justifica las matanzas de oponentes políticos, ni las torturas ni los juicios sumarísimos ni cuantas atrocidades se cometieron en el mismo periodo. Permitir que todo ello quede impune es un lujo que tal vez Chile quiera permitirse, incluso mayoritariamente, pero que el mundo no puede consentir. Si tiranos como Stalin, Franco, Ceausescu o Duvalier quedaron impunes —ojalá en aquellos momentos pudiera haberles procesado un juez chileno—, nuestra generación está en condiciones de decir “basta” y cambiar el futuro. El caso Pinochet sólo ha sido el principio.

Publicado por la revista Perfiles del siglo XXI en marzo de 2000.

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