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Nov 01 1999

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Comprender el caso Pinochet

Es evidente que tensionar las relaciones con España no resuelve el caso Pinochet, pero el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, parece no entender que el gobierno español no tiene poder alguno, ni voz ni voto, frente a las decisiones de la Administración de Justicia. A eso se le llama separación de poderes y, por más que sorprenda en Santiago, es algo que suele ocurrir en los países democráticos. La democracia española podrá tener todavía muchos fallos e imperfecciones, pero por lo menos no se da el sometimiento del poder judicial al ejecutivo. Guste o no la actuación procesal de las justicias española y británica, el gobierno de José María Aznar está atado de pies y manos ante esta o cualquier otra decisión de los tribunales, y así debe ser. De lo contrario, ¿qué clase de democracia habría en España? No cabe por lo tanto solución alguna de arbitraje político, y el rechazo de esta opción no es un capricho de Madrid sino una obligación jurídica que pesa sobre el gobierno. Si Aznar o Matutes hubieran actuado de otra forma habrían incurrido en delito. Es un grave error que Chile arremeta contra el ejecutivo español por un asunto sobre el que no puede actuar, y sólo deteriorará absurdamente las importantes relaciones comerciales y políticas entre ambos países. Chile es libre de llevar a España ante el Tribunal Internacional de Justicia, pero el fallo de la alta corte de La Haya, que puede tardar años, difícilmente alterará el curso de los acontecimientos.

Publicado por la revista Perfiles del siglo XXI en noviembre de 1999.

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