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Nov 01 1999

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Cien medidas para el desarrollo de América Latina

Las 100 medidas de Perfiles del siglo XXI para que América Latina alcance el desarrollo y las libertades en la primera década del siglo XXI

Redacción: Juan Pina

A. Un conjunto de valores para el siglo XXI

001. Reconocer y respetar escrupulosamente la soberanía de la persona y su derecho inalienable a la autodeterminación individual, es decir, a tomar por sí misma las decisiones que le afectan.
002. Abrazar la libertad individual de las personas como norte y guía de la acción política y de la economía. Toda política pública estará legitimada en la medida en que genere más libertad para más personas, y será injustificable si reduce la libertad de los seres humanos, por altos que sean los fines que con tal recorte se pretenda teóricamente alcanzar.
003. Establecer la responsabilidad como contraparte ineludible de la libertad y como exigencia de todos hacia cada uno. Hacer del cumplimiento de los compromisos adquiridos un valor presente con fuerza en unas sociedades que se cimentarán sobre el mérito y el esfuerzo.
004. Basar la convivencia social en la máxima tolerancia a las diferencias de opinión, estilo de vida y preferencias en todos los ámbitos de los individuos.
005. Rehabilitar el ánimo de lucro como motivación digna y legítima de la acción humana, generadora de creatividad y esfuerzo y, por tanto, de beneficios colaterales para las demás personas. Revalorizar el trabajo, el ahorro y la inversión productiva frente al enriquecimiento rápido mediante operaciones irregulares o de alto riesgo especulativo.
006. Entender la propiedad personal (vida, cuerpo, mente, capacidad creativa, trabajo físico e intelectual, derechos y bienes materiales o intangibles) como el ámbito inviolable sobre el que cada ser humano ejerce su soberanía, y, por tanto, como un elemento consustancial a la dignidad humana.
007. Eliminar o reducir a su mínima expresión las acciones, conductas y leyes que limitan la propiedad personal o permiten su expolio por el Estado u otros individuos o grupos, y procurar la rehabilitación social de la propiedad como pieza fundamental de un código de valores capaz de generar paz, prosperidad y oportunidades de realización para los hombres y mujeres del siglo XXI.

B. Un replanteamiento general de la política

008. Profundizar en la plena democratización de cada país y reducir simultáneamente el ámbito de toma de decisiones colectivas en beneficio del ámbito personal de decisión, pasando del contrato social convencional entre gobernantes y sociedad a un nuevo pacto tripartito que incluya al individuo.
009. Eliminar los privilegios administrativos, económicos y jurídicos de los políticos e incrementar exponencialmente su sometimiento al control ciudadano, principalmente a través del parlamento, los medios de comunicación y la administración de justicia.
010. Promover una nueva clase de políticos-gestores que asciendan socialmente en virtud de la calidad de su trabajo y de su ajuste a las decisiones de la población (directas o a través del parlamento), acabando de una vez por todas con los liderazgos mesiánicos, los excesos de carisma, la concentración de poder político en élites reducidas e incontroladas y la política de gestos y poses.
011. Limitar el poder de los presidentes y avanzar hacia sistemas parlamentaristas con presidentes meramente representativos y un gabinete emanado de las cámaras sobre el que recaiga el poder ejecutivo.
012. Establecer, sobre todo a nivel local, sistemas de consulta a la ciudadanía frecuentes y vinculantes sobre las principales decisiones políticas, limitando así la discrecionalidad de los representantes.
013. Establecer sistemas vinculantes de iniciativa ciudadana para la legislación y ejecución política, tendentes a la convocatoria de plebiscitos sobre las materias propuestas.
014. Facilitar la libre formación y competencia de nuevos partidos, eliminando los requisitos abusivos para aparecer en la vida política.
015. Permitir sin restricción alguna la formación de partidos que promuevan cualquier ideología, sin el filtro previo de ningún organismo autorizador.
016. Promover la plena democracia interna de los partidos políticos como requisito indispensable para su existencia legal, lo que implica elecciones internas con todas las garantías, congresos celebrados por delegados legitimados por los militantes y cuyas decisiones sean acatadas por los órganos ejecutivos, respeto a los derechos del afiliado y control de las bases sobre los dirigentes.
017. Eliminar las trabas legislativas a la afiliación de cualquier ciudadano sin excepción a los partidos políticos.
018. Eliminar la financiación estatal de los partidos políticos. Cada opción política debe ser financiada por sus militantes y por los simpatizantes que crean en ella y decidan apoyarla, no por el resto de los ciudadanos.
019. Establecer sistemas electorales fiables, seguros y abiertos a la mayor disponibilidad posible de opciones de voto para el elector, lo que implica sistemas de listas abiertas y de voto por preferencia o prioridad.
020. Reconocer el derecho al voto de todos los residentes, nacionales o no, en todos los comicios.
021. Eliminar la obligación de registro previo de los votantes, utilizando como censo electoral el censo general de ciudadanos y residentes extranjeros.
022. Eliminar el porcentaje mínimo para la representación de un partido político en el parlamento, estableciendo sistemas de representación basados en la máxima proporcionalidad matemáticamente posible.
023. Eliminar la discriminación territorial en las elecciones haciendo que el voto tenga el mismo valor en todas las circunscripciones.
024. Reconocer la máxima autonomía política y económica de cada ámbito político territorial frente a los superiores, en base al principio de subsidiariedad. 

C. Un nuevo papel para el Estado

025. Repensar el Estado como un instrumento más de la sociedad y no como la organización de la misma, y dotarle de un papel realmente subsidiario y no sustitutivo de la acción espontánea de la ciudadanía.
026. Reducir a los mínimos imprescindibles las funciones del Estado, su tamaño, su coste y su intervención en las decisiones de cualquier índole de las personas. Es decir, reducir el colectivismo en todas sus formas y permitir que impere el orden espontáneo conformado por la acción simultánea de todos los ciudadanos.
027. Concentrar las funciones del Estado básicamente en el mantenimiento del orden público, en una diplomacia basada en la persecución de la paz y la integración económica y política con el resto del mundo, en la administración de Justicia y en una acción social estrictamente subsidiaria y dirigida principalmente a la creación de oportunidades, no a la alienadora igualación de resultados.
028. Limitar legislativamente el poder discrecional del Estado y exigir del mismo un cumplimiento eficaz de las misiones que sí le corresponden, para lo que será imprescindible que abandone todas las tareas que no le son propias, y principalmente la producción de bienes y la prestación de servicios.

D. Una economía basada en la libertad de la gente

029. Proceder a la rápida liberación económica de los ciudadanos, que deben ser los protagonistas de la economía y no sujetos pasivos y cautivos de la misma.
030. Deshacerse de todas las empresas públicas sin excepción a través de concursos públicos limpios y transparentes. En los casos de gran recelo social, como los de las grandes empresas petroleras nacionales, incluso puede ser una buena opción privatizarlas mediante la entrega a cada ciudadano de una acción de la empresa.
031. Liberalizar y desregular todos los sectores, ya que no basta con privatizar las empresas públicas sino que es necesario crear condiciones de competencia libre y real.
032. Perseguir el corporativismo y eliminar el carácter de membresía obligatoria y el poder excesivo de las organizaciones empresariales y sindicales que en algunos países de la región condicionan la actividad económica y encarecen los bienes y servicios.
033. Limitar constitucionalmente la capacidad impositiva de las administraciones públicas a un máximo del diez por ciento de toda base imponible, penándose como confiscatorio cualquier impuesto más elevado; y tender hacia la proporcionalidad de la carga fiscal frente al sistema actual de progresividad.
034. Favorecer la competencia fiscal entre territorios de un mismo país y países de un mismo bloque económico.
035. Limitar constitucionalmente la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas, exigiendo la máxima transparencia y una legitimación especial por mayoría muy cualificada del parlamento o mediante referéndum.
036. Sustituir todos los servicios públicos por servicios privados debidamente legislados y controlados, y cobrar a los ciudadanos por los servicios que siga prestando transitoriamente el Estado. Los servicios deben pagarlos quienes los usan y no el conjunto de la población.
037. Eliminar paulatinamente los servicios públicos de sanidad y educación, garantizando el acceso de toda la población a los servicios privados que elija mediante una política de bonos a las personas con rentas más bajas para evitar la exclusión social y su confinamiento en servicios públicos de escaso nivel.
038. Eliminar las monedas nacionales y sustituirlas por una nueva moneda regional cuyo valor esté sujeto al de otras monedas más fuertes mediante una caja de conversión, o bien adoptar el dólar estadounidense u otra moneda fiable, renunciando en todo caso a la política monetaria.
039. Permitir que los ciudadanos utilicen libremente en sus transacciones y cuentas bancarias cualquier moneda que deseen.
040. Establecer una sólida política de zonas francas y servicios offshore para captar capitales internacionales.
041. Eliminar las barreras al libre asentamiento y operación en el país de empresas de cualquier sector y particularmente de servicios bancarios, financieros y aseguradores de cualquier nacionalidad.
042. Fomentar la pequeña y mediana empresa y muy especialmente las cooperativas, que están integradas por trabajadores-empresarios copartícipes del negocio y sometidos por tanto una responsabilidad mayor que la de otros trabajadores. En general, rehabilitar y dignificar la actividad emprendedora y el autoempleo frente al trabajo por cuenta ajena.
043. Establecer el principio de que cada empresa es responsable única de su gestión, sin que pueda el Estado rescatar con el dinero de todos a una empresa en dificultades.
044. Sustituir los sistemas de pensiones basados en la cotización a un fondo colectivo de reparto por sistemas de capitalización individual de cada trabajador para sí mismo, en instituciones privadas sometidas a libre competencia, dotando así a los trabajadores de seguridad y control sobre sus vidas.
045. Establecer sistemas de capitalización privada obligatoria para el desempleo, para la educación de los hijos y para otras incidencias, de tal manera que cada persona sea responsable de sí misma y de los suyos y el Estado sólo deba intervenir subsidiariamente en casos excepcionales. Tal intervención se realizará prioritariamente mediante la aportación a los mencionados fondos de las cantidades que el ciudadano no haya podido entregar.
046. Luchar contra la pobreza y la exclusión social mediante una política de generación de oportunidades cuyos ejes serán la educación, la eliminación de los costes de la formalidad mediante una profunda desburocratización y desregulación de la economía y el fomento de la microempresa a través de una sólida política de microcréditos y exención fiscal.
047. Sustituir las subvenciones a los productores artísticos y culturales, a las organizaciones solidarias, a las comunidades religiosas, a los sindicatos, etc. por las aportaciones voluntarias que reciban y por la comercialización de sus productos y servicios, pudiendo contemplarse en algunos casos la entrega de bonos a los ciudadanos de rentas más bajas. Por ejemplo, no se subvencionará un espectáculo sino, de ser necesario, la compra de la entrada de aquellos ciudadanos realmente incapaces de costeársela, mediante bonos.
048. Implementar un rápido desarme arancelario unilateral frente al resto del planeta, en beneficio de los consumidores de la región y de la eliminación de productores que sólo sobreviven gracias al privilegio arancelario o parasitando las arcas públicas y, por consiguiente, a la ciudadanía.
049. Adoptar decisiones políticas tendentes a lograr un incremento sostenido de la inversión extranjera
050. Adoptar medidas que hagan posible a todos los ciudadanos acceder al crédito y los demás servicios financieros, combatiendo la morosidad y estableciendo sistemas eficaces de justicia que reconduzcan a niveles razonables el riesgo de las entidades de crédito.
051. Flexibilizar el mercado laboral considerando el trabajo como un bien comerciable en la economía.
052. Reducir drásticamente los costes laborales que pesan sobre empleados y empleadores.
053. Proveer al mercado de un flujo constante de capital humano altamente cualificado, lo que se logrará mediante la reforma de la educación y, sobre todo inicialmente, mediante una política de puertas abiertas al asentamiento de ejecutivos y técnicos extranjeros.
054. Facilitar fiscalmente la vinculación de una parte de los salarios a la productividad y a los resultados del trabajo.
055. Eliminar el salario mínimo como instrumento de política pública, pasando a dejar la fijación del salario en el libre acuerdo de los empleados y empleadores.
056. Eliminar la contratación pública como mecanismo de generación de empleo, y sustituirla por el incentivo fiscal a la creación de empleos reales en la economía.
057. Incentivar fiscalmente la inversión en investigación y desarrollo.

E. Una política regional y exterior de paz, seguridad e integración.

058. Implementar una política exterior basada en la rápida inserción en el mundo globalizado, al objeto de extraer de él los mejores resultados. Para ello será necesario acabar con el exceso de nacionalismo del que adolecen casi todos los países de la región.
059. Promover la integración regional desde un entendimiento no excluyente de la misma, es decir, reduciendo trabas, fronteras y aranceles con los países que se desee pero sin que ello implique aumentarlos hacia el resto del mundo.
060. Eliminar los absurdos controles fronterizos y migratorios entre los países latinoamericanos, de forma similar a como han hecho en Europa los países signatarios del Tratado de Schengen.
061. Permitir el libre asentamiento trasnacional de las personas pacíficas y productivas que lo deseen, recuperando así la mejor tradición de acogida del continente, y basando todos los derechos y obligaciones de carácter civil, social, jurídico y también político en la residencia y no en el obsoleto concepto de nacionalidad.
062. Promover un rápido proceso de desarme multilateral, con el objetivo de constituir la primera región enteramente desmilitarizada del planeta, eliminando así el peligro de conflicto y de intervención de las fuerzas armadas en la vida política y en la sociedad civil, y acabando con una parte elevadísima y absurda del gasto público.
063. Subordinar de una vez por todas el poder militar a la autoridad civil democrática.
064. Combatir el imperio desestabilizador del narcotráfico mediante la abolición multilateral de la prohibición de producción, venta y consumo de sustancias estupefacientes, restituyendo de paso a los ciudadanos la plena soberanía sobre sus vidas y sus cuerpos.
065. Eliminar las estériles disputas territoriales que persisten en el subcontinente latinoamericano mediante la simple consolidación del statu quo actual.
066. Caminar con rapidez hacia una doble cesión de soberanía de los Estados hacia arriba —a favor de organismos regionales democráticamente controlados— y sobre todo hacia abajo, en beneficio de los gobiernos territoriales y municipales más cercanos al ciudadano y por tanto más controlables por éste, que deben ser los responsables de la recaudación fiscal.
067. Reducir drásticamente el gasto diplomático y favorecer la representación conjunta de los países latinoamericanos en el exterior.
068. Establecer sistemas de extradición automática entre los países de la región, con la única excepción de aquellos que mantengan regímenes dictatoriales, violaciones de los Derechos Humanos, pena de muerte, tortura y/o tratos inhumanos y degradantes.
069. Coordinar la política exterior de los países latinoamericanos.

F. Una sociedad de personas libres

070. Promover la emancipación temprana de los jóvenes mediante sistemas de créditos ventajosos para el alquiler de viviendas y para el estudio en universidades distantes, contribuyendo así a su responsabilidad, a la asunción de su soberanía personal y a la reducción del exceso de intervención paternal y familiar en la vida de estas personas.
071. Favorecer la plena incorporación de la mujer, la juventud y los colectivos marginados a la actividad laboral, empresarial y política mediante la generación real de igualdad de oportunidades y no a través de sistemas de cuotas
072. Establecer un escrupuloso respeto a los colectivos minoritarios y a los estilos de vida alternativos, a las personas con discapacidad, a las diversas orientaciones sexuales y a las minorías religiosas, étnicas y lingüísticas, fomentando la tolerancia para con todos estos grupos.
073. Eliminar el paternalismo respecto a las comunidades indígenas y permitir tanto su integración como el mantenimiento de su forma de vida tradicional, siempre en base a la decisión informada y consciente de cada individuo.
074. Eliminar todas las imposiciones del Estado a los ciudadanos (servicio militar, servicio social, obligación de servir como jurado o en mesas electorales, obligación de votar, etc.), con la única excepción del cumplimiento de las leyes y del pago de impuestos, que deberá limitarse constitucionalmente.
075. Reconocer el derecho a que en los trámites con la administración pública se considere cualquier petición resuelta a favor del ciudadano si aquélla no responde en un plazo determinado.
076. Sustituir el modelo educativo actual por centros privados, incentivando sobre todo la creación de cooperativas y empresas del sector educativo integradas por padres y profesores. Hacer que cada familia costee la educación de sus hijos y que las familias verdaderamente incapaces de hacer frente a ese gasto reciban del Estado un bono por el importe medio de mercado para acudir al centro de su elección.
077. Proporcionar a todos los niños y adolescentes una educación liberadora, personalizada, plural, abierta, laica y racionalista, utilitarista y tendente a la mayor objetividad posible, dirigida a formar seres humanos libres de ataduras y prejuicios, autoconscientes y responsables, celosos de su soberanía personal y capaces de emplear su autogobierno individual en beneficio propio y, por tanto, de la sociedad.
078. Respetar la libertad total y absoluta de los medios de comunicación, con la única excepción de la calumnia. Permitir la existencia de tantos medios como surjan en la sociedad e incentivar la separación de información y opinión y los sistemas de participación de los consumidores de información en los medios.
079. Abolir los medios de comunicación del Estado, con la única excepción de la gaceta en la que publique sus leyes, para acabar con la inevitable manipulación progubernamental de estos medios y para evitar su competencia desleal con las demás empresas de comunicación.
080. Abolir las costosas y paternalistas campañas del Estado en favor o en contra de ciertas actitudes, valores o formas de actuar, ya que no corresponde al Estado decirle a la gente lo que debe hacer sino al revés; y permitir únicamente las campañas de información que resulten estrictamente necesarias, y que la Administración deberá pagar como un cliente más a las agencias de publicidad y medios de comunicación empleados para su difusión.
081. Legalizar la eutanasia activa y pasiva, siempre en función de la voluntad libre e informada del interesado o de las instrucciones que hubiere dejado para casos de inconsciencia o enajenación mental, desde el entendimiento de que la vida forma parte de la propiedad personal de todo ser humano y de que aguantar el sufrimiento extremo no es exigible a nadie. Regular adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario ante estos casos.
082. Legalizar el comercio libre y voluntario con el cuerpo propio y sus derivados, desde la compraventa de sangre, semen u órganos hasta el alquiler de úteros para la reproducción, pasando por la prostitución, todo ello al objeto de devolver a las personas la plena soberanía sobre su organismo y evitar las mafias del tráfico de órganos y fluidos corporales y del proxenetismo.
083. Establecer leyes de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, regulando adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario ante estos casos.
084. Legalizar el cambio de nombre y apellidos de las personas así como el cambio jurídico de sexo, sin más restricciones que el oportuno registro público destinado a evitar la evasión de responsabilidades.
085. Equiparar los derechos de las parejas de hecho con los de los matrimonios.
086. Combatir la procreación irresponsable y realizar campañas de esterilización voluntaria para contener la natalidad.
087. Favorecer fiscal y políticamente la solidaridad libre de los ciudadanos.
088. Favorecer la autoorganización de la sociedad, sobre todo en los niveles más bajos de gestión de los asuntos públicos, dejando en manos de organizaciones ciudadanas privadas determinadas tareas municipales y estatales, al objeto de reducir el gasto público e involucrar a la sociedad en su autogestión.

G. Un marco jurídico de libertad y responsabilidad

089. Establecer un ordenamiento jurídico basado en el principio máximo de que todo está permitido excepto si de forma clara y demostrable perjudica directamente a otro, eliminando por tanto todas las disposiciones que se basan en una vaga teorización sobre lo que es “bueno” o “malo” para el conjunto de la sociedad.
090. Establecer un Derecho inteligible por todos los ciudadanos, práctico y sencillo, incluyendo la propia constitución, que debe limitarse a disponer unas normas generales y una carta de derechos.
091. Eliminar el fuero y la legislación castrense, sometiendo a los militares a la justicia ordinaria.
092. Eliminar de una vez por todas la pena de muerte, la cadena perpetua y los tratos vejatorios y degradantes, no sólo del ordenamiento jurídico sino también de la realidad cotidiana.
093. Replantear completamente la política penitenciaria, desde sus objetivos a su desarrollo, de forma que verdaderamente resulte útil a la reinserción social de los condenados y las cárceles no sean, como ahora, escuelas de delincuencia e insalubres territorios al margen de la sociedad donde se da todo tipo de abusos sobre los reclusos y entre ellos mismos.
094. Hacer de las cárceles espacios mucho más abiertos a la interrelación con el resto de la sociedad y considerar que la pena privativa de libertad sólo limita el espacio físico por el que puede moverse la persona, por lo que es preciso eliminar todas las “condenas adicionales” que injustamente acompañan al preso: limitación al aprendizaje, a la producción, al trabajo, a la relación con la familia y los amigos, a la vida sexual, a la creatividad y a la capacidad emprendedora, etc. En el marco y con los condicionantes de seguridad propios de una cárcel, es posible y deseable que los reclusos desarrollen libremente actividades laborales y empresariales lucrativas, se costeen su estancia y puedan ahorrar e invertir.
095. Combatir enérgicamente la corrupción judicial y el tráfico de influencias.
096. Evitar el nombramiento de los jueces y fiscales por el poder ejecutivo, sustituyéndolo por sistemas de mérito y ascenso en el seno de la carrera jurídica.
097. Simplificar, abaratar y desburocratizar las exigencias jurídicas relativas a todos los trámites y transacciones de los ciudadanos.
098. Crear un clima de confianza y seguridad jurídica haciendo cumplir los contratos, que son la ley de las partes, y disponiendo de una administración de justicia ágil y eficaz en la resolución de los contenciosos. Para ello, establecer adicionalmente sistemas de arbitraje privado y voluntario, siempre sobre cuestiones no penales, que descarguen la administración de justicia.
099. Reducir la aportación del presupuesto público a la administración de justicia haciendo que las partes de cada proceso, y principalmente la parte condenada, se hagan cargo no sólo de los costes de su acción sino también de los gastos ocasionados a la administración de justicia, pagándolos el Estado sólo en los casos de personas que realmente no puedan hacerse cargo de ellos.
100. Eliminar la obligatoriedad de que los profesionales del derecho deban ser miembros de colegios profesionales para ejercer su actividad, así como permitir la autorrepresentación de las personas en juicio.

Publicado por la revista Perfiles del siglo XXI en noviembre de 1999.

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