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Oct 01 2008

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Una visión liberal de la eutanasia

Liberalismo versus colectivismo

Las ideologías colectivistas, desde el marxismo hasta el fascismo, parecen entender al ser humano como una especie de abeja u hormiga prácticamente indistinguible de la masa a la que, en sentido literal, pertenece. Por su parte, el conservadurismo tradicionalista de base religiosa suele marginar igualmente la individualidad, aunque no tanto en favor de la comunidad como de su visión del orden natural de las cosas, inspirada por su noción de la divinidad. Diametralmente opuesto a todas esas doctrinas, el liberalismo se diferencia de ellas por su profundo antropocentrismo. Los liberales creemos que la persona —cada persona— constituye un fin en sí misma, y rechazamos los planteamientos que, desde cualquier esquina del espectro político, pretenden someterla y reducirla a la condición de simple medio para la realización de unos supuestos fines sociales o divinos.

En las sociedades humanas, los individuos autoconscientes y librepensadores han librado durante milenios una dura batalla contra el modelo faraónico, que concentraba la soberanía en manos de un rey con visos de divinidad o, siglos después, simplemente entronizado “por su gracia”. El liberalismo lidera y vence en esa lucha al establecer un marco de gestión de la soberanía colectiva: la democracia. Pero no es ése su logro principal. Lo realmente importante es que, a continuación, los liberales van un paso más allá y lideran también la lucha por la devolución al individuo de su plena soberanía personal. Es decir, el liberalismo cree en la democracia, es uno de sus autores, se cuenta entre sus mayores defensores y se preocupa por profundizar en ella y mejorarla, pero todo eso no le impide ponerle límites lógicos porque hay algo que considera anterior y en gran medida superior a la soberanía popular, incluso cuando está democráticamente gestionada: la soberanía personal de cada uno de nosotros.

La conclusión lógica de la existencia de dos ámbitos de soberanía —el personal y el colectivo— es el establecimiento de un marco de relación y jerarquía entre ambos. Simplificándolo, el marco que propone el liberalismo consiste en la prevalencia de la soberanía personal siempre que no se conculque —de manera directa, demostrable y suficiente— los derechos de otro individuo. Esto se resume en el famoso aforismo “la libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás”. Sigue siendo, en los albores del siglo XXI, un principio plenamente vigente. Sin embargo, es también un principio sometido a abusos. Uno de esos abusos es la torticera interpretación de que el “bien común” o el “interés general” (esas entelequias colectivistas) pueden constituir de alguna manera el límite recogido en la frase. El peligro de esa interpretación se hace patente cuando los ingenieros sociales del colectivismo legislan todo tipo de limitaciones a la libertad individual justificándolas como necesarias ante los perjuicios —generalmente remotos, rebuscados y poco evidentes— que la libre acción humana podría acarrear, según ellos, al grupo.

Pero hay otro abuso aún peor de ese principio: el que cometen muchos colectivistas “de izquierdas” y casi todos los colectivistas “de derechas” cuando intentan que el ámbito de soberanía colectiva prevalezca frente al de soberanía individual en los casos en que la disputa gira en torno a cuestiones morales. Al hacerlo, pretenden asimilar determinados valores morales de la mayoría a ese “bien común” vago y difuso. Esto cristaliza en todo tipo de imposiciones y prohibiciones a las minorías y, sobre todo, al individuo, no ya en el ámbito de la soberanía colectiva, sino allanando incluso el ámbito inalienable de su soberanía personal.

Los colectivistas de cualquier signo, que por desgracia suelen ser mayoría, se sirven siempre del Estado para irrumpir en el ámbito de la soberanía privada imponiendo unas cosas y prohibiendo otras, como si su legitimidad, indudable para los asuntos colectivos, fuera también extensible al ámbito personal del individuo. Dos ejemplos de esta injerencia estatal resultan reveladores. El primero es de escasa importancia pero ilustra perfectamente el atentado contra la soberanía individual: la obligación de llevar casco en la moto y cinturón de seguridad en el coche. Por altos que sean los fines perseguidos con la norma, es evidente que ésta no existe para evitar un perjuicio directo a un tercero. Resulta obvio que se produce una extensión ilegitima de la potestad del Estado más allá de su ámbito: el de lo colectivo. Desde la perspectiva liberal, la norma carece de legitimidad, pues no compete al Estado ni a la sociedad usurpar la soberanía del individuo. El segundo ejemplo, de mucho mayor calado, es el de la eutanasia.

Libertad, propiedad y religión

La privatización del hecho religioso es una de las grandes conquistas del liberalismo, y marca en la historia de la humanidad un punto de no retorno y un salto cualitativo en nuestra evolución. Circunscribir las creencias arracionales al ámbito privado de cada persona es una consecuencia lógica de nuestra preferencia, antes expuesta, por el máximo desarrollo del ámbito de soberanía personal de cada cual. Dentro del mismo, cualquier creencia es válida y los son también sus consecuencias en la forma de vivir, pensar y hacer. Fuera de ese ámbito, tales creencias pierden toda potestad efectiva, y pretender insertarlas en las normas que rigen lo colectivo constituye un intolerable abuso. Cabría mencionar, además, que al relegar el misticismo al ámbito estrictamente personal, los liberales hemos sido capaces de construir sociedades plurales cuya gestión se basa en las verdades objetivas y contrastables, haciendo de la libre discrepancia uno de los motores del progreso. Desde que la Ilustración iniciara la privatización del hecho religioso, la especie humana ha revolucionado la progresión de su desarrollo en todos los órdenes hasta alcanzar niveles anteriormente inimaginables.

La libertad del individuo es el valor supremo, unido indisolublemente a la responsabilidad. La herramienta fundamental del ser humano es la razón, que le diferencia de las demás especies. El ámbito sobre el que se ejerce la libertad es siempre la propiedad. Todo acto humano conlleva el uso de alguna forma de propiedad. A veces se usa propiedades ajenas de forma consentida. Cuando se hace sin ese consentimiento, se inicia una forma de violencia y se vulnera la libertad de la víctima al recortar su ámbito de ejercicio de la misma, es decir, su propiedad. Todo individuo tiene derecho al uso irrestricto de su propiedad, incluyendo opciones como su intercambio, su enajenación o su simple destrucción.

Todos nacemos con algunas propiedades y, a lo largo de la vida, vamos adquiriendo otras. Es propiedad del individuo el cuerpo propio y su proceso biológico, que llamamos vida. Son propiedad del individuo los órganos, fluidos y productos de su cuerpo, y por tanto es lícito enajenarlos y comerciar con ellos: vender sangre, semen u ovocitos, alquilar el útero, alquilar el cuerpo para actividades sexuales o para cargar cajas en una fábrica (dos ejemplos perfectamente equivalentes si se excluye la carga moral de cada uno, que queda privatizada).

Es propiedad la mente y la capacidad de idear y crear, y por lo tanto corresponde al individuo usar esa propiedad de la manera que desee, incluso para condicionar su acción y su uso de las propiedades que tiene en función de cualesquiera planteamientos religiosos o filosóficos. Es lícito, por tanto, que una persona intente convencer a otras de aquellas ideas que ha asumido, religiosas o no, y también que haga uso de su legítimo derecho a la objeción de conciencia en su relación con otros individuos; pero a lo que no tendría derecho, ni siquiera si se uniera a un noventa por ciento de la población que pensara igual, es a imponer tales ideas en el ámbito de la soberanía individual ajena.

Es propiedad el uso del tiempo propio, lo que da idea, por ejemplo, de la extraordinaria ilegitimidad del servicio militar obligatorio (este abuso, en realidad, afecta a varias propiedades del individuo: su cuerpo, su trabajo y en ocasiones hasta su vida). Es propiedad el derecho de unión a otras personas (que lo deseen) conformando una familia, una unidad de convivencia, una empresa o cualquier otra forma de asociación, y por consiguiente también es propiedad irrestricta del individuo su derecho a abandonar unilateralmente cualquier forma de asociación con otros seres humanos. Es propiedad la elección libre de la forma de vida y la gestión de la propia imagen.

Es propiedad la capacidad de trabajar y emprender, y es lícito por lo tanto alquilarla a otras personas o emplearla en la creación de empresas propias. Es propiedad la riqueza material traspasada libremente por la generación anterior, y el derecho irrestricto a traspasar la propia, por lo que son ilícitos los recortes que algunos sectores del colectivismo quieren aplicar a la herencia. Y son propiedad legítima cuantos bienes materiales y derechos pueda el individuo adquirir a lo largo de su vida por medios lícitos, por lo cual los impuestos son, inevitablemente, una forma de expropiación y por lo tanto de recorte de la libertad (lo que requiere una reflexión respecto a los límites constitucionales a tal recorte, un derecho pendiente de reivindicar en la sociedad actual).

Como la propiedad es consustancial a la libertad, los liberales la defendemos a capa y espada frente a los colectivistas “de izquierdas” y “de derechas”, ya que todos ellos son peligrosamente proclives a disponer alegremente de la propiedad ajena para la realización de sus fines sociales y divinos, conculcando el derecho del individuo dueño. Cada tipo de colectivismo, en función de su origen ideológico, agrede en una medida mayor o menor a los diferentes tipos de propiedad.

Así, la izquierda política ataca la propiedad sobre el dinero y los bienes materiales, y se cree legitimada para expropiarla y repartirla en beneficio de otros. Además de ser un atentado intolerable contra la soberanía de las personas afectadas, es siempre una mala política: lo importante no es repartir forzosamente la tarta sino hacerla cada día más extensa para que llegue a todos, porque la riqueza, al contrario que la energía, sí se crea y sí se destruye.

Y la derecha política, por su parte, suele atacar furibundamente otras formas de propiedad antes expuestas: principalmente la propiedad sobre la vida y sobre el uso libre del cuerpo de cada individuo. La derecha política está dispuesta a expropiar estas formas de propiedad y someterlas al ámbito de la soberanía colectiva, dictando a continuación las normas restrictivas que emanen de su cosmovisión religiosa. Así, por ejemplo, prohibirá la investigación con células madre con independencia de los beneficios que de ella puedan derivarse, proscribirá aquellas tendencias sexuales que no comparta, desprotegerá jurídicamente aquellas uniones familiares que no se ajusten a su credo, ilegalizará el comercio sexual, prohibirá el consumo de aquellas sustancias tóxicas o adictivas que le parezca oportuno, impedirá que se alquilen úteros, y adoptará un largo etcétera de decisiones que sustraen al individuo algunas de sus propiedades más íntimas y cercenan despiadadamente su libertad y, por tanto, su dignidad humana.

La vida como propiedad

Desde una óptica profundamente liberal, resulta a todas luces incuestionable que la vida es una propiedad —la principal o una de las principales— que tiene todo ser humano. Despojarle del libre uso de esa propiedad es una terrible aberración que nos retrotrae a estadios de nuestra evolución que ya creíamos superados. El despojo se produce por igual cuando se mata y cuando se obliga a vivir. La pena de muerte es una aberración ética que priva irreversiblemente de la vida a alguien que no ha decidido morir. En sentido inverso, es una aberración igual prohibir el suicidio y no reconocer el derecho a decidir sobre las circunstancias en que se deberá proceder a la eutanasia. He escrito que es una aberración igual, pero tal vez sea incluso mayor: el ejecutado en virtud de la pena de muerte deja de existir, pero la persona que libre y conscientemente, en pleno uso de su razón, desea morir y se ve físicamente impedida para llevar a cabo su propia muerte, sufrirá una tortura que puede durar muchos años, como puso de relieve el caso espantoso de Ramón Sampedro.

Como hemos visto, la democracia existe sólo como mecanismo de toma decisiones colectivas. Se pervierte cuando se la hace invadir el ámbito de las decisiones individuales, que no le es propio. Cuarenta millones de españoles no pueden impedir que un ciudadano decida enajenar su propiedad principal y deje de vivir, y sin embargo eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Sampedro, y en tantos otros. Al impedir la muerte voluntaria, largo tiempo anhelada, de Ramón Sampedro, la sociedad y el Estado antepusieron el ámbito de soberanía colectiva al individual, y lo hicieron condicionados por ideas místicas y creencias sobrenaturales de fundamento religioso y sin base demostrable, derivadas de nuestra tradición cultural judeocristiana y ajenas por completo al único factor objetivo y por lo tanto relevante para el caso: la decisión libremente adoptada por la persona en cuestión.

El suicidio de una persona que grita histérica desde lo alto de un edificio debe evitarse como medida cautelar, porque muy probablemente no estará en condiciones psicológicas de tomar racionalmente esa decisión. Pero eso no deslegitima el derecho al suicidio por parte de quienes lo decidan en condiciones mentales razonables, siempre con todas las garantías jurídicas precisas. La eutanasia activa se da siempre en condiciones que justifican el deseo de no continuar viviendo, ya sea un deseo manifestado en el momento o bien en el pasado mediante instrucciones dejadas por el interesado. Son situaciones de sufrimiento extremo y, de la misma manera que a nadie se le puede impedir sufrir si así lo desea (o si así cree cumplir mejor con su religión), tampoco es lícito obligar a nadie a someterse a la tortura degradante e inhumana de un sufrimiento insoportable.

Son muchas las dificultades que acompañan a la regulación de derechos como el de morir dignamente. La eutanasia, sobre todo la activa, requiere unas extraordinarias garantías jurídicas y nunca estará exenta de polémica, como demuestra el caso holandés. Pero esas dificultades deben abordarse desde el cumplimiento, por encima de cualquier consideración moral o religiosa de terceros, de la voluntad soberana de la persona respecto a su vida, pues sólo a ella le pertenece.

Publicado por la revista Cuenta y Razón en octubre de 2008.

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