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Oct 01 2000

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Estado y medios de comunicación

El Estado ha asentado su dominio sobre las personas, entre otros mecanismos, en el monopolio o al menos en una amplio control de los medios de comunicación. Hoy no se justifica la persistencia de emisoras públicas de radio y televisión.

El Estado está para hacer lo que nosotros, los ciudadanos, le digamos; no para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Cuando se invierte este principio, los ciudadanos se convierten en súbditos y los poderes públicos pasan de ser nuestro sirviente a ser nuestro tutor, cosa que ningún ser humano libre de espíritu y consciente de sí mismo debería aceptar jamás. Los medios de comunicación públicos y la concesión de frecuencias de radio y televisión o licencias de prensa constituyen uno de los sistemas que el Estado emplea para revertir ese principio. En ellos tuvo un aliado imprescindible el totalitarismo de cualquier signo durante el siglo XX, y gracias a ellos sobrevivió durante décadas el amable colectivismo democrático de socialdemócratas y democristianos que hoy toca también a su fin.

Los medios de comunicación convencionales tienen la gran ventaja —para quienes los dominan— de establecer una comunicación radial y unívoca, alcanzando un impacto sobre multitud de personas a la vez pero de forma directa en cada una, sin posibilidad de agrupación crítica de destinatarios; y transportando mensajes incontestados o sólo contestados al nivel privado de cada destinatario, sin que su reacción tenga la menor trascendencia. En casi todos los países del mundo el Estado tiene tras de sí una Historia de control mediático por la que algún día debería pasársele factura. Al término de la II Guerra Mundial, apenas en los Estados Unidos y dos o tres países más se podía hablar de una plurialidad mediática suficiente, de una muy laxa o inexistente capacidad estatal de controlar a los medios y de una escasísima presencia de medios de comunicación de titularidad estatal. Medio siglo después, en casi todo el mundo occidental se ha ido liberalizando poco a poco el sector, pero no hemos alcanzado, ni mucho menos, un marco mediático enteramente libre.

En la mayoría de los países occidentales sigue existiendo una o más emisoras de radio y, sobre todo, de televisión públicas. Estas emisoras con frecuencia realizan una competencia desleal injustamente amparada por las leyes especiales que las regulan. En ocasiones admiten incluso publicidad y compiten con las emisoras privadas en la emisión de programas de entretenimiento, echando por tierra la justificación socialdemócrata de que estas emisoras son necesarias para aportar programas culturales de alto nivel que no serían rentables en el sector privado. En algunos casos especialmente escandalosos, el Estado permite situaciones de quiebra técnica y endeudamientos por cifras astronómicas por parte de estas emisoras públicas, cosa que, desde luego, no pueden permitirse los medios normales que responden a un consejo de administración y a unos accionistas. Uno de los cometidos de estas emisoras públicas es hacer justamente lo que jamás debería permitirse que hiciera el Estado: informar. Una sociedad libre y abierta es capaz de generar periodistas que, agrupados en sociedades mercantiles de cualquier índole (incluidas las cooperativas) ofrezcan a la gente información. El Estado, que en un amplio porcentaje de casos es precisamente el objeto de la noticia, no puede ser considerado seriamente como una institución capacitada para ejercer esta labor. Si bien ningún medio es realmente imparcial, los medios públicos son, incluso en las democracias más avanzadas, simples instrumentos al servicio del poder político.

Pero más preocupante que la persistencia de emisoras de radio y televisión públicas (enteramente desacreditadas, por lo general) es la obligación de las empresas privadas de someterse a rígidas regulaciones y a la solicitud de licencias para emitir. Este mecanismo asegura al poder político y a los garantes de los “grandes consensos de Estado” que ningún medio de cierta importancia “caerá” en manos de quienes defiendan tesis o propuestas frontalmente contrarias a las consensuadas por los grandes políticos y los principales poderes fácticos. La excusa suele ser que las ondas están limitadas y no se puede conceder más allá de unas pocas frecuencias. Todo el mundo sabe que esto es mentira, y que basta ir a Nueva York o Buenos Aires para captar decenas de canales mediante la antena convencional y sin contrato de cable. Cuando en los países europeos se limita a tres o cuatro el número de canales que emiten en abierto es, simplemente, para proteger injustamente el negocio de esas empresas, que a cambio de sus grandes beneficios se aprestan a no distanciarse mucho, sobre todo en sus programas informativos, de esos “grandes consensos”.

Afortunadamente, desde 1994 hay un factor mundial que está a punto de destruir este estado de cosas. Se trata de Internet. El auge benditamente descontrolado de la red, su biunivocidad y su carácter, precisamente, de relación en retícula y no radial, hacen de Internet un serio enemigo del control mediático estatal (o por parte de cualquier otro agente). En unos años, cualquiera podrá emitir radio, televisión, simple texto o cualquier otro conjunto de datos, con la seguridad de llegar a millones de personas. Desaparece la inmoral concesión de frecuencias por parte del señor ministro del ramo. Desaparecen las fronteras nacionales y los ámbitos territoriales en el mundo de la comunicación. Desaparecen los Estados como competencia desleal, y desaparecerá la absurda e injusta financiación de esas emisoras politizadas con cargo a nuestros impuestos. La comunicación se vuelve horizontal, multipolar, simultánea, popular, desjerarquizada y absolutamente ajena a los intereses de los Estados. Esto es algo radicalmente nuevo. Se abre ante nosotros una etapa apasionante de la Historia humana.

Publicado por la revista Perfiles del siglo XXI en octubre de 2000.

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