«

»

Abr 01 2000

Imprimir esta Entrada

Las cárceles del siglo XXI

Las cárceles del siglo XXI deberían ser sustancialmente distintas de las actuales. La dignidad y seguridad del recluso no es un requisito que sólo a él le incumba, ya que de la experiencia en prisión dependerá la futura conducta del recluso una vez liberado, y, por ende, la seguridad de todos. Las cárceles pueden ser pequeñas ciudades en las que se trabaje, se produzca y se dé a los presos la posibilidad real de reinsertarse.

La pena privativa de libertad debe tener por objeto la reinserción social y cultural del condenado. Esto es algo imposible en el actual panorama carcelario, tanto en los países desarrollados como, especialmente, en los que se encuentran en vías de desarrollo. Varios factores hacen que esto sea así. En primer lugar, la convivencia forzada del preso con otros que tal vez no sean la mejor compañía para el logro de los fines expuestos, sin que suela respetarse el derecho inalienable que todo preso tiene al aislamiento voluntario —selectivo o total— de sus compañeros de cautiverio. En segundo lugar, las “condenas adicionales” que vienen incluidas injustamente en la de privación de libertad: condena a una escasa relación con la familia y al consiguiente deterioro de los vínculos entre los miembros de la familia, condena absurda a la separación del sexo opuesto (con independencia de la orientación sexual del recluso), condena a la ociosidad destructiva y a la frustración de todos los proyectos del recluso (aunque muchos serían ejecutables en o desde la penitenciaría), condena a la inseguridad física y sexual (adicción forzada a drogas, violación y otros abusos sexuales, agresiones de reclusos y funcionarios violentos, transmisión de enfermedades graves), condena a un ambiente incómodo e insalubre, etc. Los centros penitenciarios deberían estar mucho más abiertos a su interrelación con el resto de la sociedad, acabando con su terrible carácter de ghetto, de basurero humano donde se hacina a quienes no queremos ver cerca de nosotros, en lugar de hacer lo posible para que dejen de ser un peligro y pasen a convertirse de nuevo en ciudadanos capaces de vivir su vida sin constituir un peligro.

El cumplimiento de penas debería realizarse de modo conjunto por los hombres y las mujeres en centros mixtos. Al mismo tiempo, el arresto domiciliario, en la medida de su aplicabilidad, es una buena forma de evitar (al menos en personas condenadas por delitos leves) el deterioro moral del ser humano en la penitenciaría. Por otro lado, salvo en los casos de incomunicación ordenada por la autoridad judicial, el preso debe tener una libertad plena de comunicarse con el exterior y disponer para ello, en la medida de sus posibilidades económicas, de los medios técnicos existentes, ya que la condena le priva tan sólo de la libertad de movimientos físicos. Es exigible, en todo caso, una mayor observancia de los derechos del recluso y un respeto verdadero a su dignidad humana. En particular, las cárceles suelen ser el escenario de mercados negros cautivos, donde sólo los reclusos poderosos por el miedo que despiertan en los demás por su alianza con funcionarios corruptos tienen acceso a mercancías legales o no, imponiendo a los otros su compra a precios astronómicos, generalmente por encima del 500 % de su coste en la calle.

En la cárcel es necesario fomentar no solamente actividades culturales y formativas, que desde luego son imprescincibles para la reinserción, sino también labores productivas y empresariales. Una prisión es un grupo humano capaz de trabajar, emprender y producir. Es conveniente apoyar desde la dirección del centro la libre decisión de grupos de presos de poner en marcha pequeñas cooperativas —o sociedades mercantiles convencionales— que sean viables en el espacio disponible y con los condicionantes de seguridad de la prisión, y que permitan a estas personas ganar dinero, crear empleo y prosperidad en el seno de la cárcel, escapar de la ociosidad y mantener el hábito de trabajo, además de interrelacionar a los reclusos con proveedores y clientes de fuera, estableciendo contactos que facilitarán la reinserción laboral y profesional al término de la condena y que mantendrán a estas personas relacionadas con el mundo exterior.

La ociosidad y la mezcla de reclusos con grados diversos de degradación ética hace de las cárceles actuales centros de igualación a la baja de la calidad humana de sus internos, y auténticas universidades del crimen, de las que siempre o casi siempre se sale peor de como se entró.

Las prisiones, como casi todos los entes gestionados por el Estado, pueden ser privatizadas, si bien será necesaria una estricta vigilancia pública de la gestión. El criterio de éxito o fracaso de las empresas gestoras será, naturalmente, el grado de reinserción real de sus reclusos en la sociedad, mediante una evaluación a largo plazo tras su salida de cada centro. Pública o privada, cada prisión alberga una comunidad reclusa que debería constituir una pequeña “ciudad” capaz de autofinanciarse, siquiera parcialmente, con el trabajo y la imaginación de sus miembros, en lugar de vivir (y mal) de nuestros impuestos. Los grupos políticos de izquierda, y muchas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la reinserción del preso, suelen desconfiar de las opciones propuestas. Cometen un grave error si creen que la improductividad es un estadio en el que no se degrada más aún el preso, por mucho que la llenen con actividades culturales o académicas. Lo que realmente necesita aprender el recluso es cómo opera la economía real y cuál puede ser su papel en ella. Necesita aprender a establecer relaciones profesionales, laborales o comerciales basadas en la confianza y en el cumplimiento de lo pactado. Necesita saberse necesario y para ello el mejor indicador es el puramente económico: producir bienes o servicios y verse remunerado por gente que los compra porque le son útiles. La sociedad asume un riesgo cada vez que “estaciona” a un delincuente en la cárcel y le suelta años después a una sociedad hostil que no está preparada para recibirle (ni él para reintegrarse a la misma).

Es realmente urgente ponerse manos a la obra para exigir a los políticos un replanteamiento total de la pena privativa de libertad, de sus objetivos, de los casos en que debe aplicarse, de las condiciones en que se cumple y de la transición de retorno a la libertad. Es una exigencia necesaria por solidaridad con quienes se ven en la espantosa situación de vivir presos, pero, sobre todo, por el propio interés de todos los demás, de los que estamos “fuera”. Por nuestra seguridad y por el bien de todos, hay que repensar las cárceles del siglo XXI.

Publicado por la revista Perfiles del siglo XXI en abril de 2000.

LinkedInTuentiMeneamePrintFriendlyCompartir