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Mar 17 2000

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Humanizar la Justicia

La administración de justicia ha terminado por convertirse en un coto cerrado al ciudadano medio, en una especie de club privado de los profesionales del Derecho, donde está mal vista la intrusión de los ajenos. Como todo grupo sectario y excluyente, cuenta con sus ritos iniciáticos, tiene una formación específica destinada a complicar las cosas dejando offside al ciudadano normal y emplea un alambicado y barroco dialecto propio cuyo fin es conducente a los anteriores: dejar boquiabiertos e indefensos a los demás. Pero a jueces, notarios y abogados no les bastan estas armas para vencer toda tentativa ciudadana de intervenir directamente en la administración de justicia. Para mayor seguridad, ahí están los colegios profesionales de abogados, notarios y otros profesionales del Derecho, esas cárceles de la profesión destinadas a asegurar los intereses de los antiguos, perjudicar a los osados jovencitos que quieren ejercer y vampirizar a la sociedad con miles de obligaciones, tasas y pagos diversos.

“Pleitos tengas y los ganes”, dice un antiguo refrán castellano, pero en la mayor parte de las sociedades latinas, incluida la que parió semejante frase, ganar o perder un pleito se ha convertido en una pura y simple lotería. Además, transcurre tanto tiempo desde el inicio de un procedimiento hasta la ejecución de la correspondiente sentencia, que verdaderamente padecemos una justicia artificial, deshumanizada y sometida al azar y a la voluntad de jueces y magistrados caprichosos, burocratizados, carentes de incentivos y saturados de trabajo, cuyas decisiones terminan por responder en gran medida a sus estados de ánimo, a lecturas superficiales del sumario o a toda suerte de factores ajenos al pleito.

Humanizar la justicia es tarea difícil, pero he aquí un breve decálogo con algunas recetas sencillas pero revolucionarias, cuyo efecto sería inmediato:

1. Que el Estado abandone cientos de funciones que no le corresponden y que hace mal y destine más esfuerzos y recursos a “arreglar” de una vez por todas la que sí es una de sus tareas básicas: la administración de justicia.

2. Que se quite poder y exclusividad a los colegios de abogados, notarios y otros profesionales del Derecho, convirtiéndolos en meras asociaciones profesionales sin prerrogativas normativas de ninguna clase y sin obligatoriedad de la membresía.

3. Que se relegue a los libros de Historia y de lingüística todas las fórmulas y modismos procesales obsoletos y que sólo sirven para dificultar la comprensión del ciudadano sobre lo que pasa en el pleito.

4. Que se legalice los servicios de arbitraje privado para pequeñas disputas civiles y pleitos menores de carácter no penal, siempre bajo previo sometimiento contractual de las partes antes del incidente en cuestión, para así descargar a la justicia oficial de miles de pequeños casos.

5. Que de una vez por todas se legalicen las drogas, descargando a la justicia de otros miles de pequeños casos de hurto, posesión o pequeña venta de estupefacientes (y liberando de paso la conciencia y el cuerpo de la gente).

6. Que se dé al procesado la opción de elegir un juicio con jurado o con tribunal de jueces, ya que ambos sistemas tienen pros y contras; y que los jurados estén siempre compuestos por ciudadanos de alto nivel intelectual y con profesiones útiles a la decisión que deben adoptar. De paso, hay que regular la objeción de conciencia a la participación en jurado.

7. Que se elimine todo nombramiento político en la carrera judicial y se haga del ministerio fiscal un poder independiente del ejecutivo.

8. Que la administración de justicia se autofinancie, pagando las partes todos los costes operativos (parte proporcional del salario del juez y de los funcionarios, parte correspondiente de electricidad, uso de salas, etc.), ya que quienes nunca acuden a la justicia ni son reclamados por ella no deben pagarla vía impuestos. Naturalmente, quienes no puedan pagar deberán recibir un crédito público a restituir en caso de venir a mejor fortuna, ya que nadie debe verse privado de este derecho fundamental.

9. Que se reduzca al mínimo posible los actos en los que se exige legalmente la presencia de notario u otro fedatario público, y que éste cobre una cantidad fija por horas y no una inmoral proporción parasitaria del negocio o trámite de las partes.

10. Que se permita a las personas, si demuestran un cociente intelectual suficiente y unos conocimientos básicos de Derecho, defenderse y acusar directamente y sin mediación de abogado, al menos en juicios orales sencillos. Esos conocimientos básicos deberían formar parte de la educación secundaria, porque el Derecho es demasiado importante para dejarlo solamente en manos de los abogados.

Publicado por el diario Prensa Libre de Guatemala el 17 de marzo de 2000.

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