La aristocracia corporativa de las empresas más grandes anda ocupada estos meses en el replanteamiento de sus propios organigramas. Hay sin duda una legítima preocupación por regenerar las estructuras directivas –tan obsoletas y piramidales, en general– para adecuarlas a las nuevas realidades. En esa reinvención se enmarca la creación de puestos como el de community manager, aunque en general se haya realizado al calor de la moda y sin suficente reflexión.
Pero se observan sobre todo movimientos inducidos de manera directa o indirecta por el Estado. El más directo es el que quiere colocar arriba del todo, en dependencia directa del Consejo de Administración y por tanto en igualdad de rango con la más alta dirección, a un tipo que se denominará CECO (Chief Executive Compliance Officer). El tal CECO es una respuesta a la tendencia generalizada –pero tristemente abanderada por España como país cuasi pionero– de considerar que las sociedades pueden delinquir y son por lo tanto sujetos de responsabilidad penal. Esta aberración jurídica, que trastoca los fundamentos mismos del Derecho, ya ha quedado grabada con fuego al promulgarse el nuevo Código Penal, con el visto bueno conjunto de las dos cabezas de nuestro partido único, el PPSOE que nos manda desde 1982.
Junto al movimento pro instauración del CECO, hay también otro que pretende instaurar la figura del Chief Reputation Officer, igualmente situado en dependencia directa del Consejo de Administración para que tenga poder frente a la estructura directiva “normal”. La reputación de una empresa es uno de los valores intangibles principales, por no decir que es el principal. Por lo tanto, su gestión debería corresponder a quien gestione los demás, ya que es imposible gestionar este intangible al margen de los otros, entre los que se incluye desde luego la responsabilidad corporativa. La figura que hasta hoy gestiona el conjunto de valores intangibles de una empresa es el director de comunicación. Sea o no afortunada su denominación, parece bastante lógico colocar bajo el mismo directivo todo lo relacionado con la gestión de las percepciones ajenas sobre una empresa y su marca. Se puede cambiar de nombre a esa función, pero no parece muy lógico igualar su nivel al de la dirección general y crear, de facto, una dirección bicéfala bajo el Consejo, o bien convertir al gestor de las percepciones en una especie de ombudsman, sacado de la estructura directiva y situado en las nubes del Consejo.
El Estado aprieta y, si le dejas, ahoga. Las empresas van a la zaga de las exigencias de responsabilidad social y hasta penal que el Estado implanta en la sociedad. Intentan poner parches ante las heridas, a veces habilitando costosas funciones nuevas y dotándolas de personas de renombre, famosos del mundo corporativo que ocuparán esos sillones de lujo en dependencia de los Consejos de Administración para que las empresas ostenten poder, prestigio supuesto, responsabilidad y anticipación. Por debajo, nada cambia. Y, por supuesto, todo esto perjudica al empresario independiente o de menor tamaño, cuyas barreras de entrada crecen a beneficio de las grandes corporaciones aliadas con el poder político.
Más interesante sería que las macrocorporaciones reflexionaran profundamente sobre el sentido que pueda tener hoy su organización en red jerárquica descentralizada, en plena eclosión de una red social distribuida. Y que entonces, puestos a reinventarse, redescubrieran y actualizaran modelos de organización en redes más horizontales y resilientes, con mayor interconexión directa entre nodos y con flujos de poder y decisión acordes a los nuevos flujos de la información. No se puede tener empresas émulas del Ancient Régime en plena época de la netocracia. Afortunadamente, el mercado es sabio y no me cabe duda de que premiará a las empresas ágiles, flexibles, adaptadas a la topología de la red social, organizadas en redes de nodos autónomos con capacidad de respuesta. Los paquidermos inflexibles y jerarquizados, coronados por olimpos de intocables, irán encaminándose hacia los cementerios de elefantes.
