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Jul 01 2000

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El sentido de las constituciones

Las constituciones surgieron para imponerle a los gobernantes unas limitaciones a su poder. Hoy, sin embargo, las constituciones se emplean más para limitar al individuo que al Estado.

En las últimas décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el número de constituciones vigentes en todo el planeta se ha incrementado al mismo ritmo vertiginoso al que decrecía su vigencia. Otra cifra ha experimentado un fuerte crecimiento: el número de artículos y, más vagamente, la cantidad de derechos reconocidos por toda Carta Magna que se precie. El colapso del colonialismo dio lugar en varias tandas a la emersión de más de cien nuevos Estados que, claro, necesitaban sus respectivas constituciones. El final de la Guerra Fría hizo que muchas de las constituciones post-independencia debieran ser revisadas, al mismo tiempo que toda Europa oriental y Asia central emprendían el camino hacia la democracia dotándose, como hicieran quince años antes Portugal y España, de nuevas constituciones. Precisamente el texto español de 1978 se ha tomado como base o ingrediente importante para las numerosas reformas constitucionales que también ha emprendido América Latina. Mientras todo esto ocurre, el marco constitucional de las democracias más sólidas del planeta apenas ha experimentado cambios, y la no-constitución británica sigue amparando el desarrollo de un sistema democrático envidiado por muchos países, basado en el parlamentarismo “de Westminster”. Por su parte, los Estados Unidos mantienen vigente su primera y única carta fundamental, apenas reformada por unas enmiendas que, sin duda, adquieren hoy una especial relevancia.

Si, como casi todos los estudiosos de la materia afirman, se está produciendo una considerable convergencia entre los textos constitucionales de todo el mundo democrático, a largo plazo es fácil vislumbrar una “globalización constitucional” que puede afectar profundamente a la organización política de la Humanidad. Incluso sin planteamientos de gobierno mundial, puede alcanzarse una uniformidad constitucional tan amplia que —unida a la paulatina pérdida de valor del concepto de nación y a la difuminación de las fronteras jurídicas, comerciales y culturales— termine por hacer muy similares si no idénticos los efectos prácticos de lo constitucional sobre la actividad de la gente. Si esto es así, si caminamos hacia un constitucionalismo global y homogéneo, no está demás reflexionar sobre las características idóneas de ese marco, en contraposición a las que presentan hoy nuestras constituciones, incluso las más “avanzadas”.

En este sentido, lo primero que llama la atención es cómo el paso de los dos últimos siglos y, sobre todo, el transcurso de las últimas décadas han logrado desvirtuar la esencia de lo constitucional. Las constituciones surgieron —y de ahí su carácter de “norma fundamental del Estado”— como una imposición de los ciudadanos al poder real o republicano, como un estrecho cerco dentro del cual debía necesariamente desarrollarse la acción política. La constitución era una carta (“magna”) que los notables del país (primero por su extracción social pero después por su legitimación popular) obligaban al poder político a firmar. Lo esencial era que el tour-de-force entre gobernados y gobernantes se resolvía en un punto de consenso que garantizaba a los primeros el no abuso de poder por parte de los segundos. La constitución era un escudo del individuo frente al poderoso.

Hoy, sin embargo, en casi todo el mundo los Estados se han adueñado de lo constitucional y han terminado por convertir la ley máxima en una limitante, no de las prerrogativas del sistema político, sino de las libertades del individuo. Si inicialmente se empleo el texto constitucional para recoger unas pocas libertades esenciales para el ser humano y dejar bien claro que en ellas jamás podría interferir el Estado, hoy se ha llegado a tal inflación de los “derechos” recogidos en ellas que, de facto, se le ha dado la vuelta a la situación y lo no recogido en las constituciones parece no estar amparado por legitimidad alguna. En la evolución del constitucionalismo latinoamericanno (con textos de hasta doscientos artículos) se percibe muy claramente este fenómeno, aunque en realidad afecta al planeta entero. Antes se decía al gobierno que sólo podía hacer lo que la constitución autorizaba. Ahora más bien se le da al ciudadano una larga lista de derechos, pero el Estado nunca ha tenido tanto poder en la sociedad como en la segunda mitad del siglo XX. Además, el fallido consenso socialdemócrata impuesto en Europa occidental en la segunda postguerra mundial ha llegado a idealizar el Estado y a imponer al individuo las consecuencias de unos presuntos “derechos colectivos” que en la mayoría de los casos son simplemente una grave contradicción en términos (“derecho” y “colectivo” son nociones que muy pocas veces casan, aunque los socialistas lo vean de otra manera). La recolección de decenas o cientos de esos derechos “del pueblo” o “de la sociedad” y su plasmación en las constituciones ha violentado en ámbito de soberanía del individuo, causa original de la existencia misma de los textos constitucionales, y ha permitido la sistemática invasión y nulificación de los derechos naturales y positivos de la persona humana en aras del colectivismo.

Se ha pretendido garantizar como derechos “sociales” nociones como el trabajo. Lo que es un derecho inalienable es la acción positiva de trabajar y aun la búsqueda de empleo, pero no el empleo como tal. Y sin embargo este tipo de razonamiento, aplicado a decenas de asuntos más (de la sanidad a la educación, etcétera) ha permitido, “porque lo dice la constitución”, promulgar leyes que limitan la libertad de las personas. En palabras del escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, se ha recogido con tanto detalle y profusión los derechos de los colombianos —derechos que, por supuesto, el Estado es incapaz de garantizar— que más habría valido reducir todo a un único artículo: “los colombianos tienen derecho a la felicidad”.

Sería tal vez un interesante experimento darle la vuelta a las constituciones. Exigir desde la ciudadanía textos que no nos confieran derecho alguno ya que, a fin de cuentas, nuestros derechos naturales son nuestros por nacimiento y por nuestra propia condición humana, no porque lo diga ninguna constitución. Pero lo importante del experimento sería que en las constituciones no se incluyera una declaración de nuestros derechos —o se redujera a los derechos individuales esenciales— y en cambio se introdujera una declaración de los “derechos” del Estado, limitando sus prerrogativas a las expresamente reconocidas por la ley de leyes. Así, por ejemplo, los ciudadanos de todo el mundo podrían evitar abusos estatales como la leva de personas para nutrir el ejército mediante el abominable servicio militar obligatorio, ya que es de suponer que tal prerrogativa no estaría expresamente concedida por los individuos al Estado vía constitución. Igualmente se podría limitar el cobro de impuestos a un porcentaje máximo, etcétera. Alcanzaríamos un tipo de organización constitucional de la sociedad mucho más horizontal y libre, basado en el derecho real del individuo a su soberanía personal.

Publicado en la revista Perfiles del siglo XXI en julio de 2000.

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