La simbiogénesis es una teoría postulada inicialmente por Konstantin Merezhkovski, Boris Mikhailovic Koso-Poljansky y otros autores en las primeras décadas del siglo XX. Con el trabajo de la bióloga estadounidense Lynn Margulis y otros científicos, como el español Máximo Sandín, hace ya tiempo que esta visión divergente dentro del evolucionismo está ganando terreno otra vez. En síntesis, lo que afirman sus partidarios es que la aparición de nuevas especies no sería tanto el resultado de mutaciones propias como de la incorporación de nuevos elementos al genoma de las especies. Las bacterias y los virus serían los responsables de transportar esos elementos. Esta teoría podría explicar los saltos evolutivos bruscos, y es compatible con la selección natural, la cual actuaría también en el proceso de aparición de nuevas especies pero no sería la responsable directa o única de la variación.

Esta teoría se verá confirmada o refutada, como tantas otras, con el paso del tiempo y con el trabajo de los hombres y mujeres del microscopio. Se trata de una cuestión estrictamente científica, interesante sin duda pero ajena por completo al mundo de las ideas políticas, sociales o económicas, ¿verdad? Pues resulta que para los colectivistas, no.

Los colectivistas “de izquierda” se horrorizan ante las supuestas implicaciones sociales del concepto darwiniano de supervivencia del mejor adaptado, como si tuviera que trazarse necesariamente ese paralelismo. Para ellos las ideas de Darwin, exportadas a la organización de la sociedad, son las responsables del “capitalismo salvaje” supuestamente concebido adrede para que los ricos y poderosos prevalezcan y los pobres perezcan por débiles. Algunos de estos izquierdistas hacen incluso un extraño recorrido desde la Inglaterra de Darwin a la Alemania nazi y aseguran que la segunda incorporó a su pensamiento racista, clasista y discriminador de los discapacitados las “malvadas” ideas del naturalista inglés. No es de extrañar que el renovado interés por la simbiogénesis sea un útil clavo ardiendo para la izquierda: ya no se produce la supervivencia de los mejores, de las mutaciones superiores (provocando a estos izquierdistas un escalofrío ideológico) sino de aquellos que son más capaces de cooperar con los demás. De un plumazo desaparecería el “gen egoísta” de Dawkins y el paradigma del mundo natural ya no sería competir sino compartir. Y, cómo no, eso debería movernos a organizar la sociedad de manera que se erradicara la “funesta” competencia en persecución del propio beneficio. No hace falta pensar mucho para detectar la alternativa que saldría triunfante de este cambio de paradigma: la planificación centralizada estatal. Es lamentable que el propio profesor Sandín se salga del laboratorio y utilice sus valiosos hallazgos científicos para empujarnos hacia el totalitarismo.

Por su parte, los colectivistas “de derecha” —al menos el sector más místico— también se aprovechan de la simbiogénesis. En su caso, lo hacen para eliminar el azar, que es el que les provoca a ellos el escalofrío ideológico. No habría mutaciones espontáneas y aleatorias, sino alguna forma de diseño inteligente que sería responsable de que un virus introdujera en una célula material genético ajeno que, combinado con el ya presente, terminara por dar origen a una novedad. Otro clavo ardiendo al que agarrarse, en este caso como último baluarte frente al avance imparable de la ciencia. Además, la exportación de este modelo evolutivo a la sociedad también resultaría un alivio para estos otros colectivistas, al primar desde su perspectiva el orden sobre el caos y al hacerse necesario, por lo tanto, un poder fuerte que establezca y haga cumplir ese orden.

La biología es biología y la organización social es otra cosa. Puestos a ser creativos, si aplicamos la simbiogénesis a la teoría de los memes, parece que algún curioso “virus” se obstina en extraer material de las ciencias de laboratorio e inyectárselo a las ciencias sociales. Con o sin simbiogénesis, el azar sigue siendo fundamental para entender la realidad, y la evolución no sigue instrucciones, por más que a los teístas les horrorice. Y con o sin simbiogénesis, los seres vivos persiguen su propio interés, ya sea cooperando de forma espontánea y descoordinada o compitiendo por los recursos, por más que a los marxistas les espante. Con o sin simbiogénesis, afortunadamente somos individuos.

Ejemplos de esto encontramos en todo el espectro ideológico. La afirmación “selectiva” de la libertad forma parte de la lógica de todas las corrientes colectivistas, cualquiera que sea su signo político en la manida y obsoleta escala de izquierdas y derechas. Hemos visto en innumerables ocasiones cómo los mayores enemigos de la libertad la exigen con ardor en algún ámbito determinado mientras la cuestionan en los demás, y creo que no vale la pena detenerse demasiado en ello. En cambio, es lamentable que muchos de quienes se proclaman liberales y presumen de haber descartado toda forma de colectivismo, caigan en esa misma lógica. Es en esto en lo que sí me quiero detener, porque sinceramente creo que hace daño a nuestra causa.

No me imagino en ningún punto del famoso mapa de Nolan que no sea el vértice superior, y puedo entender que un liberal esté un poco más abajo en la misma vertical, pero no que se encuentre en una zona gris de mezcla con el colectivismo de uno u otro lado. Naturalmente, se puede ser liberal en una medida mayor o menor, desde el liberalismo clásico hasta el libertarismo más profundo, pero lo que no se puede ser es un híbrido entre liberal y socialista o entre liberal y conservador. Mejor dicho, sí se puede, claro, pero a esa posición no se le debería denominar liberal, y personalmente me entristece que se cometa esa gran injusticia semántica.

Un ejemplo de esa torcida atribución del adjetivo es la que hace hoy buena parte de los partidos liberales europeos, que en realidad son casi siempre social-liberales o liberal-conservadores pero optan por hacerse conocer simplemente como liberales, desvirtuando el contenido de esta palabra. Ambos híbridos son ejemplos paradigmáticos de la asimetría que señalo en este artículo. Si se es especialmente beligerante en la afirmación de la libertad personal, como hacen por ejemplo los Liberal Democrats británicos, me parece inconcebible no reclamar con la misma fuerza la libertad económica plena de todas las personas. Si se defiende la máxima libertad en el ámbito económico, como hacen en España algunos de los grandes líderes mediáticos que se proclaman liberales, resulta igualmente incomprensible que no defiendan con idéntica pasión la libertad en lo tocante a las decisiones morales del individuo. La lógica no es maleable. No ser fiel a la propia lógica, sea cual sea, es un rasgo de irracionalidad. Las asimetrías, como la desproporción, rara vez resultan virtuosas y generalmente indican falta de coherencia.

Este fenómeno de maridaje entre el liberalismo y las ideas iliberales se debe a que la correlación directa entre las posiciones pro libertad en unos y otros ámbitos está distorsionada por otros inputs del ideario de esas personas. En unos casos se trata de apriorismos procedentes de la extendida metaideología “progresista”, que trascienden los límites del “centroizquierda” directamente inspirado en la visión postmarxista de la democracia. En otros casos la distorsión procede del tradicionalismo conservador, casi siempre inspirado en la forma de misticismo predominante en la cultura de cada país. En todos los casos, el resultado es una asunción imperfecta de la causa de la libertad, que suele resultar estéril cuando no contraproducente. En efecto, al afirmarse con rotundidad estas correlaciones arbitrarias de liberalismo para unos temas con estatalismo “de izquierdas” o “de derechas” para las demás cuestiones, se hace un favor muy flaco al liberalismo, que termina por verse asociado con ideas ajenas o directamente opuestas al mismo.

No es de extrañar, entonces, que la mayor parte de la población tenga una idea bastante equivocada de lo que es, significa, incluye y propone el liberalismo. El liberalismo no es, como postulan los CDL de este mundo, una especie de socialdemocracia bis, apenas diferenciada por ser menos dogmática o por ofrecer algunas migajas más de libertad económica. El liberalismo tampoco es, como sostiene cierto sector del PP, un conservadurismo bis que sólo se distingue por pedir menos impuestos y defender los intereses del corporativismo mercantilista. El liberalismo es la afirmación de la máxima libertad posible para todos y en todos los aspectos de la vida, por encima —y en contra si hace falta, cosa que suele ocurrir— de cualquier otra idea o principio porque, en palabras de Lord Acton, “la libertad es el fin político más alto”. El más alto. Nunca se repetirá bastante. Por lo tanto, quienes quieran llamarse con propiedad liberales deberían ser conscientes de que llevar esa etiqueta implica necesariamente sacrificar cualquier otro conjunto de valores cuando entre en conflicto con el liberalismo. Se puede ser liberal y creyente, pero si la religión (sea cual sea) condiciona las posiciones políticas más que el propio liberalismo e implica el uso del Estado para menoscabar la libertad individual en las cuestiones de índole moral, entonces ya no se es liberal sino otra cosa. Se puede ser liberal y tener mucho apego a una idea de patria (la que sea, existente o postulada, con Estado en la actualidad o sin él), pero si el patriotismo, siempre peligrosamente estatógeno, le lleva a uno por el camino del gasto público, de la ingeniería social, cultural o lingüística, del cierre de fronteras o la xenofobia, del proteccionismo o del belicismo, nos haría un favor a los liberales empleando otra etiqueta ideológica. Se puede ser liberal y estar muy preocupado por la solidaridad con otras personas, o por el medio ambiente, o por cualquier noble causa social, pero si todo ello merma la afirmación de la libertad y genera posiciones de apoyo selectivo al intervencionismo estatal y a la confiscación y redistribución de la propiedad, entonces, igualmente, la palabra “liberal” deja de describir adecuadamente a la persona en cuestión, y su uso inoportuno perjudica la cabal comprensión del liberalismo por el resto de la sociedad.

Es de esperar que las percepciones erróneas sobre el liberalismo vayan desapareciendo como consecuencia de su actual proceso de renovación, que desecha definitivamente toda concesión a la lógica colectivista —ya se trate de su versión conservadora o de la socialista—, cancela por lo tanto los experimentos frankensteinianos de hibridación con nuestros enemigos, recupera desacomplejadamente la pureza original de esta corriente de pensamiento y la actualiza con los aportes más practicables de toda la vanguardia de spin offs radicales y libertarios que sí demandan más libertad (y no fusiones indeseables y fallidas que sólo benefician la continuidad del Hiperestado). La correlación coherente es la que o bien rechaza o bien afirma la libertad en todos los ámbitos de la vida, sea cual sea el asunto tratado. La libertad se promueve en general o se repudia en general. Por lo tanto, se es liberal para todo o no se es liberal sino otra cosa. Y, claro, es legítimo ser otra cosa, pero usando entonces otro nombre, por favor.

Lo malo es que a Krugman se le escucha mucho. Le escuchan Obama y Bernanke, que se disponen ahora a lanzar un nuevo “estímulo” cuyas consecuencias pueden ser catastróficas. Y le escucha el mainstream político y mediático europeo, que corre el riesgo de creer que este señor tiene razón y que las prevenciones alemanas contra el gasto excesivo y el déficit son poco razonables. “Lo que Trichet y sus compañeros deberían estar haciendo ahora mismo es comprar deuda española e italiana”, dice Krugman. ¿Más aún? ¿Hasta qué punto? Ah, que no hay punto, sólo hay puntos suspensivos. La ley principal de la economía, para los Krugman de este mundo, podría enunciarse así:

El Estado santo y todopoderoso, en persecución del bien común y del interés general, podrá gastar cuanto le plazca, poniendo para ello a trabajar a los ciudadanos más de la mitad de su tiempo para atender el pago de impuestos y cotizaciones diversas. Con ese gasto ilimitado, el Estado será quien impulse la economía ya que sólo Él sabe bien en qué se debe invertir el dinero y en qué no. Si el esfuerzo de los ciudadanos exprimidos por el Estado no resulta suficiente (que no resultará), entonces Él podrá endeudarse sin límite. Cuando haya que pagar esa deuda, otra de las manifestaciones místicas del Estado, llamada Banco Central, inventará dinero nuevo sin necesidad de respaldarlo, y con ese dinero comprará toda esa deuda cancelando el problema.

Fácil, ¿no? Barra libre de gasto y deuda. Es el paraíso de la felicidad total. Lástima que sea un cuento que no se creen ni los niños más ingenuos, pero que sí simulan creer (y hacen creer a otros) los políticos colectivistas, ávidos de darle carnaza a las masas para mantenerse en el poder.

La fatal arrogancia de los colectivistas como Krugman (o como Zapatero y Rajoy) es creer que la economía puede ser dirigida. La economía es un orden espontáneo que se conforma y evoluciona a gran velocidad por las decisiones de millones de agentes. La sola idea de que esa complejidad pueda ser controlada desde una autoridad central es antimoderna. Esa autoridad jamás tendrá ni la información ni el conocimiento ni la imparcialidad ni tampoco los recursos que harían falta para gestionar todo. Y por eso da palos de ciego como un peligroso aprendiz de brujo, haciendo lo único fácil: crear apariencia de riqueza, inventar dinero ficticio abusando del monopolio monetario que se arroga. Hasta que se le va de las manos, hincha demasiado la burbuja y entonces comienza una desenfrenada carrera de soluciones alocadas y cortoplacistas. Alterna decisiones contradictorias porque no sabe qué hacer y al final se encuentra con una situación insostenible.

Krugman, como la mayoría de los colectivistas, está desesperado al ver que los “agoreros” hayekianos tenían razón cuando, en plena bonanza (supuesta), alertaban de que el resultado del monetarismo y del intervencionismo rampantes iba a ser precisamente el que estamos viviendo. Según el artículo de Krugman, “el riesgo de hiperinflación sólo existe en la imaginación” de quienes no compartimos sus tesis. Pues me apuesto lo que haga falta a que en muy pocos años, si seguimos por la ruta keynesiana, tendremos una inflación muy elevada. Lo que haría falta es acabar de una vez por todas con el zigzag de los ciclos proscribiendo la creación y multiplicación ilegítima de dinero sin respaldo.

Que el Estado, como cualquier otra entidad, no puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa, es algo sencillamente elemental. Responde a las normas inmutables, casi físicas, del sentido común. Que hoy debamos inscribirlo en la Constitución, cometiendo una enorme pero desgraciadamente necesaria perogrullada, da una idea de hasta qué punto hemos estirado y retorcido la economía como si las matemáticas fueran dúctiles y la magia monetarista de Harry Potter-Keynes fuera verdad. Pero no lo es, y cuando de forma deliberada y sostenida en el tiempo se gasta mucho más de lo que se ingresa y se contraen unas deudas que llevará generaciones pagar, el resultado inevitable es una brusca alternancia de ciclos que tarde o temprano nos trae periodos de sufrimiento como el actual. Lo que queda en evidencia es el fracaso de un sistema económico intervenido hasta el estrangulamiento y gravemente distorsionado por la manipulación estatal.

En este contexto, el PPSOE (el establishment que manda en España desde 1982) sale ahora con una timidísima reforma constitucional que es papel mojado. Es casi peor que no hacerla, porque deja tantas puertas abiertas a la continuidad del disparate deficitario que cuesta creer que estos señores tengan, en realidad, voluntad alguna de equilibrio. Ni siquiera se establecen en el texto constitucional los topes concretos. Desde el P-Lib llevamos más de dos años (desde nuestra misma fundación) pidiendo una reforma constitucional que establezca topes concretos, cuantificados, no ya al déficit sino principalmente a la capacidad de endeudamiento en  nuestro nombre y en el de nuestros hijos, así como a la carga tributaria que soportamos los ciudadanos y las empresas. Se trata de fijar porcentajes máximos no rebasables que actúen como un derecho inalienable del individuo frente a la confiscación permanente de la riqueza que produce hoy e incluso de la que producirá mañana. Pero, evidentemente, pedir esto es como pedirle consumo responsable a un heroinómano. El Estado, en todo Occidente, es un yonkie instalado en la barra libre de dinero ajeno, y ni siquiera en el marco de esta crisis extrema (provocada por él al manipular el valor del dinero y jugar a dirigir la economía) va a renunciar a seguir gastando sin medida. La casta política sabe que el gasto es el arma que la mantiene en el poder. Repartiendo ese gasto discrecionalmente compra su permanencia. Los que hoy reciben sus dádivas no se paran a pensar que están alimentando un monstruo, que mañana caerá sobre ellos la inmensa bola de nieve estatal. Cuando les cae encima toman plazas y se indignan para pedir más de lo mismo, su dosis del momento. A cualquier precio. Y los políticos, claro, encantados de ver cómo se les exige que intervengan aún más, que tomen aún más poder. Es un círculo vicioso.

A cualquier persona con sensibilidad democrática le repugna que una reforma constitucional de calado se imponga casi por la fuerza, sin debate y con prisas. Es un síntoma más de la desesperación del establishment ante la evidencia de que el Hiperestado (y el euro) se está tambaleando. El PPSOE siempre procura que no se le note su carácter antidemocrático, pero cuando no le queda más remedio, no tiene empacho en imponer las cosas por las buenas. Es el caso del veto electoral que prácticamente barre a los partidos minoritarios, no sea que a río revuelto aparezcan caras nuevas en la Carrera de San Jerónimo. Y es, ahora, el caso de esta reforma. Pero, al mismo tiempo, cabe preguntarse qué pasaría si se hace el referéndum (ese plebiscito absurdo para legislar la ley de la gravedad) y resulta que gana el no. Habríamos llegado entonces a hacer ley de leyes que dos más dos son ocho. Y eso es lo que exigen los sindicatos y el 15-M, y lo que le gustaría a un Zapatero frustrado que desde el diván del psicólogo se duele amargamente por no haber podido ser Olof Palme. Es importante que las pocas decisiones necesariamente colectivas estén legitimadas democráticamente, pero resulta que las matemáticas no son una decisión ni colectiva ni individual: nos vienen impuestas por la realidad física que habitamos.

Este colectivismo común al centroizquierda y al centroderecha creó en Europa una economía artificial, falsa, basada en monedas de juguete y deuda rampante, regulada hasta la asfixia y politizada hasta la náusea. Una economía de la que ahora, en pleno derrumbe del sistema, tenemos que desprendernos pero sólo podremos hacerlo si somos capaces de rehabilitar socialmente el capitalismo frente al nuevo y peligroso impulso que está tomando su injusta condena por un cadáver que no es suyo: esta crisis es producto de la intervención keynesiana de la economía. Es el Estado, en Europa y en el resto del Occidente desarrollado, el que la ha provocado inflando burbujas y adulterando el curso de los sectores más estrangulados por el intervencionismo. Ha fallado el Estado arrogante que se creyó capaz de dirigir la economía, no los mercados, que se limitan a reflejar los frutos del desastre generado por los excesos del poder político.

Es necesario desmantelar el hiperestado costoso y entrometido, y para ello hay que desmontar de una vez por todas las falacias colectivistas y proclamar que el capitalismo es el sistema político más solidario que existe (si se le deja en paz) porque es el único que condiciona el éxito de cada cual al servicio de las necesidades de otros. Y una vez restaurada la cabal comprensión de cómo funciona una economía libre, habrá que reformar el sistema para que nunca más podamos caer en burbujas inducidas por los políticos con vocación de ejercer de Reyes Magos con dinero ajeno o, peor, con dinero futuro. Los topes severos tanto al endeudamiento como a la carga tributaria deberían grabarse a fuego en las constituciones de los países libres. Y el dinero debería ser de nuevo el instrumento económico de la gente, no un mecanismo de manipulación económica del Estado. Para ello hace falta restaurar el patrón oro y el pleno encaje bancario, eliminar los bancos centrales y liberalizar la emisión monetaria siempre que esté respaldada. Esta crisis les ha estallado en la cara a los colectivistas que seducen a Europa desde hace seis décadas. Es el momento de que nuestro continente descarte definitivamente su lógica errada y recupere la libertad económica plena, única vía posible a la prosperidad.

Artículo publicado en el diario digital Libre Mercado el 15 de agosto de 2011.

En España casi nadie cuestiona esa política y casi todos aplauden la compra de deuda nacional por parte del BCE. Sólo en el Partido de la Libertad Individual (P-Lib) llevamos más de un año (desde el primer anuncio de rescate a Grecia) denunciando el incumplimiento de los principales tratados en los que se asienta la Unión Europea, que lógicamente prohíben al BCE incurrir en la compra de deuda de los países miembros. Así, por ejemplo, en el Art. 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se legisla claramente:

“Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo «bancos centrales nacionales», en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales”.

Es una norma fundamental del ordenamiento económico básico en cualquier país normal, y su obsceno incumplimiento muestra la desesperación a la que han llegado los políticos tras reventar por exceso de uso el juguete de la economía artificial, falsa, dirigida por ellos en lugar de ordenarse espontáneamente mediante la acción simultánea y descoordinada de los ciudadanos. Este incumplimiento flagrante merece una reflexión más política que económica: cuando el Estado exige a los ciudadanos la observancia estricta de las normas que les impone, pero es al mismo tiempo incapaz de cumplir sus propias leyes, su edificio institucional se tambalea y su legitimación ciudadana se desvanece.

Es magistral la evaluación del congresista Ron Paul sobre el acuerdo de los dos grandes partidos estadounidenses para aumentar todavía más el techo de deuda de ese país. Además, resulta gravísima y probablemente inconstitucional la instauración de un “supercongreso” que hurta al parlamento estadounidense la capacidad de decidir, trasladándola a una oscura camarilla nutrida por la cúpula del mainstream demócrata y republicano, el mismo mainstream que primero hinchó la burbuja inmobiliaria, luego empleó el dinero de los contribuyentes para salvar grandes empresas y para inducir a las autoridades locales a un gasto innecesario (versión norteamericana de nuestro infame Plan E) y ahora rompe todas las barreras de deuda. En Norteamérica, como entre nosotros, parece evidente que los políticos están decididos a adoptar cualquier decisión, por cortoplacista y temeraria que sea, para poder seguir gastando irresponsablemente dinero inexistente, cargando la deuda así generada sobre las espaldas de las generaciones futuras.

La generosísima bajada de apenas un escalón en la calificación de la deuda soberana estadounidense es un indicador de hasta qué punto Standard & Poor’s (y más aún las otras dos agencias) está alineada con el gobierno que le paga y que licencia su actividad. Cabe pensar que si el mercado de agencias calificadoras fuera libre, los títulos estatales de ese país y de cualquier otro figurarían habitualmente, y desde luego en el momento actual, con evaluaciones muy inferiores a las que artificialmente ostentan. En este sentido, cobran especial relevancia las declaraciones incalificables del secretario del Tesoro, Tim Geithner, que arremete contra Standard & Poor’s tras décadas de complacencia con la triple A, imitando así el comportamiento de sus homólogos europeos en las últimas semanas.

El aumento del techo de gasto y endeudamiento en Washington, igual que los llamados “quantitative easings” y la compra de deuda anunciada anoche por el BCE (o la unificación propuesta de las emisiones de deuda en un solo producto europeo), no son medicinas sino síntomas de la desesperada metástasis económica de un Occidente aquejado del cáncer keynesiano: endeudamiento irresponsable y altísimos impuestos para costear unos Estados intervencionistas hasta la locura, que crecen sin cesar asfixiando a los ciudadanos y manipulando los mercados, instalados como están en la fatal arrogancia que les lleva a creerse capaces de someter a todos los agentes de una economía tan compleja como la actual (es decir, a todos nosotros, a la gente) para obligarles a actuar al dictado caprichoso de los tecnócratas de ministerio.

Sean cuales sean los efectos inmediatos de la compra masiva de deuda fracasada española e italiana, en un rescate encubierto sin precedentes ni justificación alguna, cabe preguntarse con qué dinero se hará. ¿Con dinero nuevo inventado del aire, como denuncia Ron Paul en el caso estadounidense? ¿Con dinero de los impuestos de todos los europeos? Ambas respuestas dan una idea precisa del pozo sin fondo en el que nos ha metido el estatalismo. Y además, ¿cuánto durarán los beneficios supuestos de esta medida? Es un nuevo balón de oxígeno inmediato para no entrar en coma, a un precio altísimo. Se salvan las apariencias superficiales en las que no cree inversor alguno pero sí las masas anestesiadas, y los políticos compran algo de tiempo pero parece claro que, en realidad, esto ya no hay quien lo arregle. Seguro que sobre el papel cae la prima de riesgo italiana y española, pero la realidad será que se ha adulterado brutalmente su precio poniendo a comprarla a quien no debe, mientras sus clientes normales seguirán sin comprarla, máxime ahora que va a caer su interés y les van a pagar menos por los bonos. Todo esto apenas sirve para esconder la mugre bajo la alfombra, que ya está abultadísima.

Lo peor de una quiebra es no reconocerla. Resultaría mucho más honrado que los Estados sobreendeudados reconocieran la situación y asumieran la necesidad de acometer con serenidad y rigor procesos de suspensión parcial de pagos, junto a un recorte drástico e inmediato de sus gastos, que debe ir acompañado de explicaciones claras a la ciudadanía para que comprenda que no se puede vivir eternamente por encima —muy por encima— de las posibilidades, y que eso es exactamente lo que el Estado ha hecho hasta reventar la economía.

La gente debe saber la amarga verdad: estamos ante la quiebra del Hiperestado. Es una quiebra que se veía venir inevitablemente porque el Hiperestado era una empresa imposible, cuya apariencia de viabilidad se debía a la capacidad estatal de endeudarse hasta (casi) el infinito y para distorsionar la economía. Y ahora toca afrontar las consecuencia de esta quiebra, además de poner las bases para que no pueda volver a suceder: eliminación de la banca central y de las instituciones de Bretton Woods, restauración del patrón oro y libre competencia en la emisión monetaria sujeta a reservas, construcción de una economía productiva sin manipulación estatal, sujeción del crédito a la previa generación de riqueza excedentaria y fin de la reserva fraccionaria, expulsión del Estado de la provisión de bienes, seguros y servicios de cualquier naturaleza, desregulación económica, impuestos bajos y proporcionales y desarme arancelario unilateral, capitalización para las pensiones y otras contingencias… Todas estas y otras muchas medidas son, actualizadas, las que los comerciantes le pidieron hace muchos años al rey de Francia cuando el monarca les preguntó qué podía hacer para ayudar a la economía: “deje hacer, deje pasar”. Cuando el Estado se empeña en no dejar hacer a la gente, en ponerse a hacerlo todo él mismo, el resultado es invariablemente el desastre. Pero los clichés intervencionistas y los topicazos contra la libertad y el mercado están grabados a fuego en el subconsciente de las masas, alimentados además por la cúpula conservadora y por la socialdemócrata, que coinciden en querer Estados grandes y poderosos para poderlos parasitar. Por desgracia, todo parece indicar que ni siquiera con ejemplos tan claros como esta crisis va a cambiar la opinión mayoritaria: la culpa seguirá siendo de la libertad económica y la solución seguirá siendo más estatalismo aún, más intervención, más control de la casta política sobre la acción humana.

Los medios de comunicación de masas se han vuelto adictos a las expresiones torticeras que distorsionan la realidad económica. Se está hablando de “ataques” de los mercados a los países, simplemente porque los inversores ya no creen en la seguridad de las emisiones de deuda estatales y prefieren invertir en otros activos. Se está acusando a los supuestos “especuladores” de coordinarse para manipular la economía (acusación que ya hacía Lenin en los primeros años de la Revolución Rusa para justificar la caza de brujas), cuando en realidad son los Estados y sus bancos centrales quienes se coordinan, como anoche, para alterar el precio de las cosas. Y se está acusando al libre mercado de esta crisis extremadamente grave, que en realidad ha sido obra de los Estados y de las castas políticas que lo administran, ávidas de más dinero con el que realizar sus aspiraciones megalómanas de ingeniería social, cultural, política y económica. Esas élites nos han llevado al borde del precipicio y ahora parecen decididas a dar un paso adelante para caer por el mismo arrastrándonos a todos. Y lo conseguirán si los ciudadanos no aciertan a comprender de una vez por todas que se han equivocado de culpable, que este crimen no lleva el sello del capitalismo sino de sus enemigos, que no está firmado por el exceso de libertad de los mercados sino por su manipulación política; que la economía debe fluir sola porque todo intento de condicionarla y dirigirla crea muchos más problemas de los que resuelve. Desde el P-Lib, acostumbrados como estamos ya a clamar en el desierto, seguiremos diciendo las verdades del barquero y haciendo todo lo posible para que la gente las entienda.

Los Gobiernos europeos pagan en general sumas sustanciosas a esas entidades de medición para que analicen y califiquen los instrumentos de deuda que emiten. No deberían hacerlo, y tampoco debería exigirse licencia ni permiso alguno para evaluar un determinado activo, ya sea público o privado.

Las agencias de calificación constituyen un sector pequeño, oligopólico y ciertamente “no europeo”. Esto último es lo menos importante, por más que los medios oficialistas lo apunten constantemente para intentar desacreditarlas ante el ciudadano europeo (y particularmente el español), tan proclive a desconfiar de los Estados Unidos. Lo realmente preocupante de este sector es la escasa competencia, que se traduce en una considerable similitud de los datos que ofrecen los pocos agentes que en él operan, y sobre todo el haber crecido en cierta medida al amparo del poder político. Obviamente, estos problemas no se resolverán impulsando desde la cúpula política de la UE una o más agencias supuestamente alternativas. Tales entidades nacerían bajo la sospecha de una connivencia aún mayor con el poder político, y sus ratings tendrían tan poco valor como la propia deuda soberana que pretendieran acreditar.

Al final, la calificación de cualquier inversión, ya se trate de títulos privados o de deuda emitida por los Estados, es sencillamente la emisión de una opinión experta. Esa facultad se enmarca en el derecho fundamental e inalienable que cualquier persona o empresa tiene a la libertad de expresión y de información. Corresponde al público, en este caso a los inversores, decidir si quieren guiarse poco, mucho o nada por las evaluaciones de unos u otros institutos de calificación. En circunstancias normales de mercado, habrá una sana y plural actividad de opinadores y calificadores diversos, y sólo su prestigio hará que una parte de los inversores siga sus consejos. Lo anormal es, como siempre, la intromisión de los Estados en este sector, por la doble vía de licenciar y pagar a las agencias, desacreditando su trabajo y elevando artificalmente las barreras de entrada al sector.

Arremeter ahora contra las agencias de calificación (igual que contra los supuestos “especuladores” malvados que nos “atacan”) es una pataleta que sólo busca esconder la dura realidad: los inversores ya no confían tanto en la capacidad de los Estados para pagar su deuda. Y su comportamiento inversor es el único rating que de verdad importa.

Artículo publicado en Libre Mercado el 24 de julio de 2011

El PP, el PSOE, el PNV y CiU acordaron hace unos meses una confusa reforma del artículo 169.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Conforme se va arrojando luz sobre las intenciones de esa reforma, queda patente que el objetivo es hacer inviable, de facto, la presentación de partidos y coaliciones reales, existentes, pero pequeñas o carentes de grandes apoyos económicos. El partido que tengo el honor de presidir, el P-Lib, ha centrado durante estos meses su atención en el objetivo de clarificar el alcance de este severo recorte de nuestros derechos constitucionales. Para ello, el P-Lib se dirigió a la autoridad electoral máxima, la Junta Electoral Central (JEC), pidiendo un conjunto de aclaraciones concretas que son de la mayor importancia para cualquier partido nuevo que desee concurrir a las próximas elecciones a Cortes Generales. Pero la JEC se limitó a acordar a regañadientes la elaboración de una guía de instrucciones, dándose para ello un plazo muy generoso, que ambiguamente se concretaba en la expresión “en septiembre”. Habida cuenta de la inminencia de un proceso electoral, de su posible adelanto y de la confusión generalizada ante una norma nueva que deshace el procedimiento habitual de presentación de candidaturas, vigente durante treinta y cinco años, la respuesta de la JEC resulta claramente insatisfactoria e induce a pensar que la casta política (que en último extremo influye en la composición de este tipo de órganos) está decidida a imponer la interpretación más dura posible de esta infame norma.

Si la JEC opta por esa interpretación severa, obligará a todo partido nuevo a presentar cerca de cuarenta mil avales ciudadanos a sus listas en toda España, avales que además no habrá podido recabar de antemano, ya que deberán cotejarse por fedatario público –se supone que presencialmente–, sólo en los veinte días posteriores a la convocatoria de elecciones por el Consejo de Ministros. Por si fuera poco, los ciudadanos que acudan a avalar una candidatura no podrán dar su apoyo a la presentación de ninguna otra, y firmarán que apoyan políticamente a la candidatura en cuestión. Es decir, no se apoya el derecho de tal partido a presentarse, sino que se revela anticipadamente el voto, en lo que a mi juicio implica una merma del derecho constitucional a mantener en secreto las convicciones políticas propias. Para conseguir que tu partido (pequeño, minoritario o nuevo) se presente, se te obliga a declarar ante notario tus ideas. Pero además, esta exigencia no afecta a los partidos que ya tienen representación (no queda claro si por la misma circunscripción o por cualquier otra). Es decir, se conculca de forma abierta y directa el derecho constitucional a la igualdad en el ejercicio del sufragio pasivo, pues los candidatos de PP, PSOE, CiU o PNV, por citar a los partidos que han cometido este atropello, no tienen que recabar este apoyo popular previo, y los del P-Lib o cualquier otro partido sin representación, sí. Además, si se supone que las campañas electorales sirven para dar a conocer el programa de los partidos, ¿cómo puede considerarse legítima la exigencia de revelar el apoyo a una candidatura nueva y por lo tanto desconocida antes de que se realice esa campaña?

El establishment temía con razón que la extraordinaria desafección social frente a los políticos le pasara factura en las Generales. El movimiento No Les Votes recabó más de un millón de firmas en las semanas en que se decidía esta reforma, mientras era evidente que se estaba fraguando el futuro movimiento 15-M, y mientras desde el P-Lib y desde las más diversas posiciones del arco ideológico se cuestionaba duramente la partitocracia española. Mientras los casos de corrupción desgastaban a los grandes partidos, y cuando el CIS alertaba sobre el hecho insólito de que nuestra sociedad considerase a los políticos en general como uno de los más graves problemas del momento, la casta decidió atrincherarse y barrer de un plumazo cuatro décadas de pluralismo político, no fueran a organizarse los críticos para irrumpir en el parlamento y descabalar su juego de mayorías y minorías. El PPSOE, el régimen de partido único bicéfalo que nos manda desde 1982, escenificando desencuentros y diferencias de estilo y de look que son puro teatro, no estaba dispuesto a permitir luz, taquígrafos y ventilación en el hemiciclo. Y lo único que podía hacerle daño era la aparición de diputados nuevos y desconocidos, pertenecientes a formaciones carentes de los resabios y los intereses cruzados de la casta.

El pluralismo político murió en España en el primer semestre de 2011, dando al traste con la incipiente tradición democrática que se había iniciado tras la muerte del dictador. El PP, el PSOE, CiU y el PNV son los culpables últimos de este golpe durísimo a nuestra democracia, quizá el más grave desde el 23-F.

Si nos echan de la política, ¿qué haremos? Si quienes aún creíamos que el sistema era reformable desde dentro no vamos a tener ni la menor oportunidad de participar en el juego, ¿cómo expresaremos nuestra voz y nuestra alternativa? Si la casta se aferra a sus sillones y a nuestros bolsillos, sedienta del producto de nuestro esfuerzo cotidiano, ¿cómo nos sacudiremos tan formidable sanguijuela, cuando los cauces democráticos nos han sido vetados? La legitimidad moral del régimen se desmorona ante los ojos atónitos, no ya de los extremistas, sino incluso de ciudadanos cuya opción política es el liberalismo.

Pero el título de esta reflexión sólo es un reto al intelecto porque no nos van a echar de la política, no van a poder, no les vamos a dejar. Vamos a agotar todas las vías posibles para jugar con sus normas injustas, antijurídicas y liberticidas. Si no lo conseguimos, quedará patente que son ellos quienes nos impiden actuar en política, con exigencias que causarían carcajadas de no ser por la extrema gravedad del autogolpe perpetrado por la casta política española. Acudiremos a todas las instancias nacionales, europeas e internacionales para reclamar la restauración del pluralismo político en España. Deberemos, quizá, mentalizarnos de que este importante cambio de escenario, esta fuerte involución democrática de nuestro país, nos sitúa en una posición antisistema, aunque por supuesto pacífica. Son ellos quienes nos expulsan, nuestra vocación era y es la de participar. Son ellos quienes no quieren permitir que nadie pueda reclamar documentos y sacarles los colores con el altavoz mediático de la tribuna del Congreso. Pero la política se hace de muchas maneras, desde las instituciones y desde fuera. Los liberales libertarios españoles, reunidos en el P-Lib, llevamos dos años haciendo política cada día sin haber pisado el Congreso ni el Senado. Somos un movimiento social imparable, que crece en Internet y en la calle, que concita ya las voluntades de cerca de veinte mil personas, que dice las verdades del barquero y une, a lo largo y ancho de nuestra geografía, a los políticos de mañana o de pasado mañana, aquellos que habrán de limpiar toda la basura de esta casta endogámica que acaba de dar una vuelta de tuerca más a la represión de nuestra libertad.

Desde el convencimiento de que las cosas pueden y van a cambiar aunque no sea mañana, llamo a todos los liberales y libertarios a sumarse, ahora con mayor motivo que nunca, al proyecto político del P-Lib. Y pido a todos los partidos minoritarios democráticos que coordinen con el P-Lib sus esfuerzos para plantar cara a este incalificable liberticidio que a todos nos agrede. Por la democracia y el pluralismo, es el momento de actuar con generosidad y altura de miras.

Información detallada: http://www.p-lib.es/veto-electoral

Hashtag en Twitter: #VetoElectoral