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Corrupción urbanística y boom de la construcción

4 de diciembre de 2006.

Las medidas anti-corrupción que propone la izquierda política y, sobre todo, la mediática, son muy preocupantes. En las últimas semanas hemos asistido a un clamor insistente (sobre todo en la Cadena SER) por medidas como:

a) Retirar a los ayuntamientos pequeños una parte del control sobre el urbanismo, o todo. Así se trasladaría a las diputaciones, cabildos, consejos insulares o incluso a las comunidades autónomas la toma de decisiones importantes en materia de urbanismo, recalificación de terrenos, etc. Además, la administración central tendría una competencia de vigilancia activa y la potestad de intervenir en estos asuntos.

b) Establecer mecanismos de mayor poder para los partidos de ámbito nacional. Uno de ellos sería que los concejales no puedan salirse de un grupo llevándose la concejalía, sino que los partidos puedan retirarle el acta de concejal a aquellos munícipes que no sigan la disciplina de partido. El otro mecanismo sería proscribir o poner todo tipo de obstáculos a la aparición de partidos independientes locales, que dado el escenario político español suelen hacerse con la llave de la gobernabilidad si alcanzan a obtener concejales. Además, se propone reformar la legislación electoral para dificultar aún más la obtención de escaños por las fuerzas minoritarias.

Ambas propuestas me parecen peligrosísimas. La primera supone un golpe brutal a la autonomía municipal, al derecho de los vecinos de un lugar a escoger, evaluar y reelegir o no a sus propios políticos para que ejecuten sus propias políticas. El intervencionismo desde Madrid o desde la capital autonómica o provincial no solucionaría el problema, sino que trasladaría la corrupción de un estamento público a otro.

La segunda línea de propuestas es aún peor. Implica afianzar aún más el ya insoportable bipartidismo plutocrático que vive España, y hacer aún más difícil la aparición de nuevas fuerzas políticas. Implica eliminar la democracia local y sustituirla (más aún) por una mera delegación local de los grandes partidos de ámbito estatal, convertidos ya en macromaquinarias ajenas a todo control ciudadano y carentes de la menor democracia interna. Ya puestos, podrían legislar que en España hay dos partidos, PP y PSOE, y punto. Qué lejos estamos de los complejos y eficaces sistemas multipartidistas de los países nórdicos.

Si para algo se reforma la legislación electoral debería ser para acabar con la falsa mayoría absoluta obtenible apenas con apenas un 39-42 % de los votos. El porcentaje en escaños siempre debería ser proporcional a los votos obtenidos, sin umbral mínimo y sin la actual manipulación automática para favorecer a los grandes. Esto obligaría a gobiernos de pacto, de diálogo, de implicación de más de una fuerza política en la gobernación, es decir, de una democracia de más amplia base.

Lo que el país necesita es más pluripartidismo, gobiernos municipales con coaliciones más complejas y por lo tanto con mayor vigilancia mutua entre los socios de coalición. Lo que se necesita es mayor autonomía de los municipios para decidir sobre sus asuntos territoriales, no mayor injerencia de otras administraciones. No corresponde prioritariamente al Ejecutivo autonómico ni estatal luchar contra la corrupción municipal, sino a la Fiscalía. Que la Justicia haga sus deberes. Y que no se culpe a los pequeños partidos independientes, porque por cada corrupto salido de sus filas ha habido unos cuantos del PP y del PSOE.

Allí donde hace falta una licencia o permiso, allí donde es preceptivo el visto bueno de un comité o de una instancia evaluadora, la corrupción es difícil de evitar. Lucharemos mejor contra la corrupción urbanística si simplemente eliminamos trabas, organismos y permisos. Los parajes naturales a proteger deben tener una moratoria irrevocable por varias décadas de manera que no exista la posibilidad de sobornar a un concejal para que varíe el status de esos terrenos. Ese status sí debe ser decidido sólo por instancias superiores. Sobre los demás terrenos, libertad total. El dueño de un terreno no protegido está en su derecho de edificar en él como y cuanto desee.

El PSOE es especialista desde hace tres décadas en crear artificialmente alarma social sobre un tema en el que quiere intervenir, para después adoptar las medidas que desea, asegurándose así el aplauso popular a las mismas. Creo que, si bien es cierto que la corrupción urbanística ha florecido en España, gran parte de este debate se debe realmente a ese intento socialista de preparar el terreno para legitimar medidas fuertes o incluso excepcionales que responden a sus propios intereses. Los socialistas necesitan reconducir la financiación privada de los partidos, que en gran medida se sustancia en las operaciones urbanísticas locales, y que hoy por hoy favorece ampliamente al PP. Esto quizá explique en gran medida la repentina cruzada mediática contra la corrupción urbanística: se estaría preparando un conjunto de medidas que modifiquen el marco de manera que deje de favorecer al PP y pase a favorecer al PSOE, pareciendo que se actúa contra la corrupción.

Además, la religión neomarxista del PSOE ve como grave pecado el enriquecimiento, principalmente el ajeno. No pueden soportar que haya empresarios de éxito que se enriquezcan construyendo una promoción de chalés. Su conciencia "social" les exige poner freno a ese enriquecimiento. Interviene también el factor medioambiental. Es cierto que se han cometido algunas tropelías ecológicas, pero en el 99 % de los casos se ha edificado en terrenos destinados a tal efecto con el beneplácito de todas las administraciones. No se puede culpar a los alcaldes de pequeños municipios si el parlamento nacional o los autonómicos no protegieron mejor determinadas zonas de valor ecológico. Es fácil ahora echarle la culpa a los concejales, sobre todo si son independientes.

El debate actual sobre la corrupción urbanística está íntimamente relacionado con el debate sobre el boom de la construcción. La construcción es el motor de la economía española, aunque a la izquierda no le guste. Las grandes constructoras ya figuran entre los principales agentes económicos en bolsa. Ahora son ellas quienes compran participaciones en bancos y energéticas, y no al revés. La construcción absorbe el fenómeno inmigratorio e impide que estalle, y también posibilita la venida de cientos de miles, tal vez millones, de jubilados nordeuropeos que escogen nuestro país y contribuyen a la riqueza local. Además mantiene a infinidad de otros sectores, desde el asegurador hasta el del transporte y todo tipo de servicios.

La izquierda intervencionista argumenta que la vivienda está muy cara porque se construye mucho. Esto es una barbaridad que contradice la más elemental lógica económica, pero que sin embargo repite todo el país. Si hubiera escasez de vivienda, ¿no sería más cara? ¿No es la oferta reducida lo que eleva los precios? La vivienda nueva ha subido porque han subido los costes de producción, en gran medida como consecuencia de la subida general del nivel de vida del país. Demos gracias de que no ha subido tanto como podría haberlo hecho, y no se ha equiparado aún a los niveles más altos de Europa. No ha subido hasta ese punto gracias a que se construye mucho y existe una alta competencia entre promociones. Y en menor medida gracias a la mano de obra barata que hemos importado. También ha subido porque se ha elevado mucho el nivel de exigencias de los españoles en cuanto a acabados y calidad, lo que es un buen indicador de desarrollo y de confianza económica.

La izquierda está enamorada del alquiler, y este es uno de sus mayores errores. Es un error de claro origen ideológico: para ellos es malo que la gente tenga propiedad, quieren proletarios, no propietarios. Pero los españoles e incluso los españoles de izquierdas optan tozudamente por comprar, y tienen razón. Saben que es mejor para ellos y para sus descendientes. La cara amable de este sostenido long boom del precio de la vivienda es que millones de españoles tienen hoy un bien valioso, su propia casa. La propiedad inmobiliaria permite endeudarse para emprender un negocio, o para adquirir bienes de consumo, o pasa a la siguiente generación ayudándola en sus comienzos.

Debería desaparecer por completo el "impuesto a la muerte" (impuesto de sucesiones), ya que es un impuesto meramente ideológico y no tiene efectos recaudatorios significativos. Si ya se pagó en su día el impuesto correspondiente a la compra de un bien, no tiene sentido que con cada cambio de generación haya que pagar de nuevo.

El modelo español de crecimiento basado en el ladrillo, tan denostado en nuestro país, está siendo seguido de cerca por las economías emergentes de Europa Oriental. El fuerte incremento sostenido del valor inmobiliario es un indicador, seguramente el más visible, de la buena tendencia macroeconómica de España.

Es verdad que se ha dificultado el acceso a la vivienda a los jóvenes, pero la solución no son los famosos pisos públicos de treinta metros del PSOE (a la izquierda siempre se le ocurren soluciones para igualar a la gente en la pobreza) ni frenar artificialmente el fenómeno, ni potenciar el alquiler. La solución es ayudar a los jóvenes a comprar. Para ello se puede flexibilizar el marco de contratación de créditos hipotecarios haciéndolos muchos más largos y heredables, de manera que las cuotas bajen a niveles asumibles por la mayoría. También se puede establecer nuevos mecanismos financieros que contemplen desde el principio la transformación de la hipoteca normal en hipoteca inversa al cabo de treinta o cuarenta años, de manera que el banco pueda descontar en los primeros años parte del pago, a cuenta del futuro beneficio que obtendrá décadas después por el mecanismo de hipoteca inversa. El impulso a las hipotecas inversas sí ha sido un acierto del gobierno socialista. También los derivados del leasing pueden ayudar al acceso a la vivienda.

En definitiva, las medidas de la izquierda contra la corrupción urbanística están muy vinculadas con el largo y sostenido boom de la construcción. Son medidas que parten de su entendimiento moralista, casi religioso, de la economía. No derivan de un estudio frío y racional de lo que está pasando realmente. Y son medidas que, como siempre ocurre con las propuestas de la izquierda, recurren a un feroz intervencionismo de los poderes públicos en la vida económica, y en este caso incluso recortan la autonomía local y la democracia. Ante estas amenazas, se echa en falta la aparición de voces que defiendan la construcción, el próspero modelo económico actual de España y la propiedad como base de la economía doméstica de los españoles.