Sep 10 2017

Una perspectiva libertaria sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña

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Algunas de mis posiciones en torno al referéndum convocado por la Generalitat de Catalunya para el próximo día 1 de octubre, sobre todo en Twitter, han suscitado polémica y encendidas respuestas tanto de apoyo como de rechazo. En este artículo, con la extensión que las redes sociales no permiten, voy a tratar de explicar de forma más detallada mi visión del asunto desde mi particular perspectiva libertaria, que obviamente puede diferir de la de otros libertarios. Debo aclarar, además, que mis opiniones son mías y no vinculan a ninguna de las organizaciones de las que soy miembro. En particular, la visión que expreso en estas líneas y en mis tweets no deriva necesariamente de la posición del Partido Libertario. De hecho, difiere en determinados aspectos.

  1. Estados-nación: posición liberal clásica versus posición libertaria

Los libertarios somos hijos y herederos del liberalismo clásico, pero es de aplicación el concepto psicoanalítico de “matar al padre”. Sin renunciar a los principios básicos del liberalismo, que transformaron para siempre el mundo haciendo posible la modernidad y el capitalismo, los libertarios lo superamos y trascendemos en muy gran medida, abriendo a la Libertad del Individuo Humano caminos que van mucho más allá de los emprendidos por nuestros antecesores ideológicos.

A la vista de la polémica en torno al proceso de independencia de Cataluña, parecen hacerse más nítidas las diferencias entre liberales clásicos y libertarios. Detecto una cierta tendencia de los liberales más moderados a no apoyarla (incluso en Cataluña) y de los libertarios a alentarla (incluso fuera de Cataluña). Aunque hay bastantes excepciones en ambas direcciones, creo que aquí podemos afirmar que, en general, ser más liberal clásico conduce a ser menos pro-independencia, y ser más libertario lleva a ser más pro-independencia.

Esto guarda relación con la idea que de la institución Estado tenemos los liberales y los libertarios. Se puede decir que los liberales, sobre todo los más moderados y los más hibridados con el conservadurismo o con la socialdemocracia, tienden a querer un Estado austero y limitado pero bastante fuerte. Por nuestra parte, los libertarios, incluso los que hemos llegado al libertarismo evolucionando desde el liberalismo, desconfiamos de un Estado fuerte y queremos que pase, de forma ordenada y gradual pero con la celeridad posible, a ser realmente mínimo. Además entendemos ese Estado mínimo, no como el final del camino sino como una última fase de su ciclo histórico, que deberá dar paso, a muy largo plazo, a una futura etapa que nos resulta esperanzadora, en la que la gobernanza de las sociedades será producto directo de la interrelación de sus integrantes mediante acuerdos voluntarios y derechos de propiedad, sin necesidad de Estados. Es decir, visualizamos un camino iniciado en el liberalismo clásico, que pasa hoy por un libertarismo posibilista pero profundamente minarquista, y que tiende hacia un futuro que, a grandes rasgos, viene a ser el esbozado por los anarcocapitalistas.

El Estado-nación surgió de la mezcla entre el Estado limitado, definido por el liberalismo clásico, y el nacionalismo idealista y romántico de la segunda mitad del siglo XIX. Es una mezcla nefasta, ya que en lugar de tender a la contención del aparato estatal, tiende a su proliferación al justificarlo en mitos colectivos, al cultivar la diferencia e incluso la aversión al extranjero o al diferente y, ya más recientemente —desde la consolidación del consenso socialdemócrata—, en el supuesto combate a la pobreza mediante la redistribución forzosa de la riqueza de los ciudadanos. Un combate que se torna deliberadamente eterno porque así conviene al entramado de intereses que sostienen y parasitan un Estado tan desproporcionadamente grande y costoso. En efecto, el Estado se justifica hoy, principalmente, mediante dos conceptos sencillos: nación y pobres. El primero de ellos, la nación, se ha distorsionado hasta hacerlo inseparable del propio Estado, en un binomio obsoleto y, en realidad, incompatible ya con la evolución tecnológica y cultural de nuestro tiempo y con las nuevas aspiraciones, a veces inconscientes aún, de los individuos de hoy.

En definitiva, el Estado en general es una macroinstitución sometida ya a un fuerte proceso de revisión, principalmente a causa del empoderamiento tecnológico del individuo; y su versión concreta actual, heredada del XIX y del XX, es decir, el Estado-nación, es un juguete roto, una antigualla, un ídolo con pies de barro.

  1. La nación política no existe

En realidad, la nación no existe o, para ser más precisos, no existe como concepto político: es un concepto cultural esquivo, difuso, permeable, variable. Para Murray Rothbard, “la nación no puede definirse de manera precisa”. Hay muchos ejemplos de naciones sin Estado propio, asentadas en un Estado ajeno o repartidas por varios Estados. Los kurdos van a celebrar su referéndum de autodeterminación a escasos días de la fecha prevista por los independentistas catalanes. Los lapones y los romaníes son ejemplos de naciones repartidas por varios Estados, y en algunos casos persiste el nomadismo transfronterizo. El término “nación” sirve para referirse a un cuerpo informe de personas que comparten una “nacionalidad”, y por lo tanto, en puridad, no puede darse por sentada una determinada organización política (Estado) ni, mucho menos, un territorio determinado. A lo largo de la historia, muchos grupos nacionales más o menos compactos empezaron habitando una zona y acabaron en otra, a causa de migraciones y guerras. Incluso hay naciones cuyos ideológos reivindican como solar “patrio” un territorio que hoy puebla masivamente una etnia distinta y forma parte de un Estado ajeno.

La “nacionalidad” —no el concepto jurídico creado por los Estados, sino el cultural— sólo es, en realidad, un conjunto de rasgos, actitudes, mimetismos, recuerdos de vivencias sociales comunes, mitos propagados por sus postulantes más proactivos, tradiciones, folclore, tal vez creencias místicas predominantes y formas de relacionarse en grupo y de comunicarse —especial peso suele tener el idioma— que los individuos comúnmente asumen en un grado suficiente y perpetúan más o menos espontáneamente. Como afirma Murray Rothbard, la nacionalidad es algo complejo “por la interacción de realidades objetivas y percepciones subjetivas”. Las características “nacionales” hacen a unos seres humanos ligerísimamente diferentes de otros, dotados de otros rasgos “nacionales”, pero esas diferencias son, sobre todo en el mundo actual, muy poco relevantes. Además, es enorme —por fortuna— la permeabilidad entre “naciones” por vecindad, por solapamiento de poblaciones autopercibidas como pertenecientes a dos o más de ellas, o por las relaciones económicas y la influencia cultural. Por todo ello, y sin ánimo de ofender a nadie, me parece evidente que una nación, especialmente en nuestro tiempo, no puede ser de ninguna manera sujeto de derechos, ni mucho menos del derecho a emanciparse políticamente como tal o, por el contrario, a impedir que otra lo haga en “su” territorio. Un ente tan etéreo como la nación carece en realidad de tal territorio. El que tiene territorio es el Estado.

El problema aparece cuando la nación, en vez de entenderse como una entidad líquida, evolutiva y territorialmente solapable que en nada afecta a la consideración, derechos y obligaciones del individuo, se convierte en el mito legitimador de un Estado (existente o postulado). Es decir, cuando surge el nacionalismo. Nacionalistas son, en diverso grado, la inmensa mayoría de los independentistas y de los unionistas, tanto en Cataluña como en las demás zonas con similares conflictos. La mayor parte de los exabruptos que se cruzan las partes, muchas veces con una crueldad realmente sorprendente, se deben a sus respectivos sentimientos nacionales, por más que todos procuren enmascarar esa emotividad a flor de piel con sesudos argumentos técnicos, jurídicos y políticos.

  1. Libertad de asociación y desasociación política

El nacionalismo es una forma de colectivismo consistente en la exaltación de una identidad nacional. La que sea. Con Estado o sin él. Esa identidad puede tener toda la base histórica que le quieran adjudicar sus partidarios o crearse ex novo. Suele tener base lingüística pero no es imprescindible. Hay nacionalismos que invocan mil años de tradición y otros, como el padano, que construyen su propuesta en base a motivos eminentemente prácticos. Para los libertarios todo ello da igual. Para nosotros cuenta el individuo, todos los individuos cuentan por igual, y son sus acuerdos libres y voluntarios, en el presente, los que configuran agrupaciones de intereses legítimas, por ejemplo la familia o la empresa. Esas agrupaciones son para nosotros superiores a cualquier proyecto nacional, pues son libres y espontáneas. A diferencia del libertarismo, el nacionalismo antepone la nación a los individuos y a sus agrupaciones libres.

Es decir, para el nacionalismo existe una agrupación de individuos superior a todas las demás, la nación, que es forzosa y automática y a la que se percibe incluso como sagrada. Se sigue entonce —postulan los nacionalistas— que esa agrupación suprema, a diferencia de las meramente voluntarias, tenga derecho a dotarse de un marco político concreto y a forzar a todos sus integrantes a costearlo y a obedecerlo. Eso, como desarrolla Juan Ramón Rallo mucho mejor que yo, constituye una vulneración flagrante del derecho de los individuos a la libre asociación y desasociación política. En un excelente discurso, pronunciado en un acto de la Fundación para el Avance de la Libertad en septiembre de 2015, Rallo comparaba la separación entre iglesia y Estado —quizá la conquista más importante del liberalismo clásico— con la separación entre nación y Estado, que debería ser la obra de quienes él llamaba en aquel discurso liberales del siglo XXI, y yo llamo libertarios.

En un reciente y seminal artículo publicado en El Confidencial, y en la posterior contrarréplica a uno de sus críticos, Rallo aborda también la necesidad de reconocer la intrasecesión, posición coherente en quienes defendemos la autodeterminación con base individual y no nacional. Siempre hemos defendido que la posibilidad de autodeterminarse, sea mediante secesión o no (puede ser también mediante unión a otro u otros grupos, con Estado previo o sin él), se ponga a disposición de todas las poblaciones cuya magnitud y características territoriales lo permitan. Después, desde nuestra perspectiva ideológica podremos lamentar que la motivación de los promotores de esos procesos sea nacional, pues somos escépticos frente a toda nación, pero qué se le va a hacer, seguirán actuando en legítimo ejercicio del derecho a coordinar sus soberanías individuales para operar, por el principio mayoritario, el cambio de estatus jurídico que sea en el territorio predelimitado que postulen. Como individualistas nos preocupará, eso sí, la situación resultante para las minorías y para “la menor minoría, que es el individuo”, como señala Ayn Rand, pero obviamente esa justa preocupación no invalida la autodeterminación.

¿Cómo no vamos a defender la autodeterminación y la secesión por motivos de un tipo quienes apoyamos decididamente la autodeterminación por motivos de otro tipo? Me refiero a proyectos de free state como los de Vermont, New Hampshire o Liberland, así como los de seasteading y otras iniciativas de desconexión frente a los Estados-nación, que buscan de hecho la independencia total frente al resto de Estados del planeta. En el fragor de la batalla argumental entre las posiciones enfrentadas por el 1-O veo a algunos libertarios que siempre han defendido esos proyectos pero le ponen innumerables peros al de independencia de Cataluña. ¿Acaso sólo es legítimo autodeterminarse si el nuevo país responderá a las ideas libertarias? ¿Sería libertario arrogarnos semejante monopolio? ¿Acaso la secesión está bien si un territorio se desgaja de los Estados Unidos pero no si se escinde de España? En el fondo, mucho me temo que lo que hay son sentimientos heridos, quizá de manera inconsciente.

Los nacionalistas, como colectivistas identitarios que son, reconocen y respetan a otras naciones siempre que no haya solapamiento territorial. Rara vez lo hacen cuando éste se da. Por ello cabe aplaudir el reconocimiento de la soberanía aranesa en la llamada Ley de Transitoriedad catalana, pero también lamentar que sólo se aplique a esa comarca, nuevamente por motivos de irrelevante identidad etnocultural y lingüística. Tanto derecho tienen a coordinar sus soberanías personales y readscribir el territorio que habitan los ciudadanos araneses como los del Baix Empordà.

  1. La autodeterminación como contrapeso al estatismo

Considero que en todo el planeta son legítimos los procesos de autodeterminación territorial, tanto de unión como de separación. Son un derecho inalienable, no de las supuestas naciones, sino de los individuos que, por el motivo que sea, deciden coordinar su soberanía individual para establecer un nuevo marco político en un territorio claramente predeterminado y con un apoyo social mayoritario en el mismo, sin que quepa, por supuesto, excluir de la decisión a parte de los individuos, por ejemplo por su origen etnocultural.

En primer lugar, es un derecho porque los individuos no pertenecen a ningún Estado. En segundo, porque los individuos de una zona tampoco pertenecen al conjunto de individuos que habitan un territorio más amplio o que integran una nación mayor, ni tienen éstos últimos derecho alguno sobre la tierra que habitan otros. En todo caso es al revés: son los individuos quienes son dueños de algo común y una parte de ellos puede legítimamente coordinarse para desprenderse de ello y separarse de los demás, para unirse a una agrupación diferente o promover una nueva, etcétera. Como en el mundo actual la soberanía política se antepone a la propiedad, y como la inmensa mayoría del territorio es en todas partes de titularidad pública, se sigue que los individuos de una zona predeterminada, al coordinar sus soberanías individuales, afectan obviamente al territorio cuyo cambio de estatus postulan. Ello no nos impide a los libertarios anhelar, con Ludwig von Mises, que la autodeterminación pueda bajar algún día “hasta el nivel del individuo”, pues ello supondrá la disolución de los Estados. No hacerlo ya se debe a que hoy por hoy es impracticable, no a que sea indeseable, ni mucho menos.

Me resulta deplorable la posición airada que escuchamos estos días, incluso a liberales y hasta algún libertario, en el sentido de que “todo el territorio es de todos los españoles”, y por lo tanto todos debemos codecidir sobre la continuidad o no de cualquier zona. Me parece tan absurdo que un señor de Santa Cruz de La Palma, a tres mil kilómetros de Barcelona, decida si Cataluña se independiza o no, como que decida sobre una cuestión jurídico-constitucional portuguesa o marroquí. Me parece, por supuesto, igual de deplorable que algunos independentistas catalanes se expresen de forma equivalente respecto a una supuesta unidad indisoluble de Cataluña. Estas posiciones otorgan mucho más valor al territorio —por no decir a la “finca” en litigio, pues así parecen percibirlo todos los nacionalistas— que a los individuos que lo habitan. Incluso he llegado a leer que “los catalanes pueden irse, pero su tierra se queda porque es tan nuestra como suya”. Es decir, que como mucho se les deja exiliarse renunciando a la tierra que habitan, y se asume así la pérdida de sujetos tributarios pero jamás la de la tierra, que ya se repoblará en su caso con nuevos habitantes que tengan los sentimientos nacionales correctos.

A mi juicio, esta visión choca frontalmente con el entendimiento libertario y hasta liberal clásico de la soberanía del individuo. Así lo denunció Ludwig von Mises en su obra Gobierno omnipotente al afirmar que “una nación no puede decirle a una provincia me perteneces”, pidiendo a continuación que las disputas se diriman mediante referéndum de esos habitantes. En esa misma línea han continuado pensadores como Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto o Hans-Hermann Hoppe, por mencionar sólo a los más conocidos.

Pero, además de ser un derecho individual coordinable territorialmente —y se vislumbra ya un futuro en el que pueda serlo también mediante agrupaciones no territoriales—, la secesión o cualquier otra forma de readscripción estatal de un territorio es merecedora del apoyo de los libertarios también por tres motivos prácticos que me parecen evidentes. En primer lugar, si los Estados están sometidos al riesgo real de perder territorio y población, y por lo tanto ingresos fiscales y poder en general, se verán obligados a tratar con mayor respeto a sus ciudadanos. La posibilidad de que prosperen secesiones rebaja los humos a los Estados.

En segundo lugar, si dividimos los grandes Estados actuales en Estados cada vez más numerosos y pequeños, disminuirá el poder coercitivo de cada uno y aumentará la competencia entre ellos por la permanencia o asentamiento de personas, familias y empresas, lo que ayudará a invertir la polaridad en la relación de poder entre gobernantes y gobernados, fortaleciendo la posición de los segundos. No en vano, en su libro El Estado en el tercer milenio, Juan Adán II de Liechtenstein —país cuya constitución reconoce el derecho de autodeterminación de sus once territorios— afirma que los Estados deben caminar hacia su reconversión en “empresas de servicios”. Actualmente, en todo el mundo, los Estados son empresas injustas porque su clientela es cautiva, y ni siquiera cuando el sentir mayoritario de una provincia es desengancharse y “cambiar de proveedor” se le permite hacerlo. El caso de Liechtenstein, analizado por Andreas Kohl y otros autores, es particularmente relevante para los libertarios.

Y en tercer lugar, en el muy largo plazo, un mundo constituido por infinidad de microestados y ciudades libres, en permanente y fluida recomposición conforme a procedimientos generalizados, garantizará mejor la paz mundial que los poderosos Estados-nación y sus bloques belicistas. Rara vez ha iniciado la violencia contra sus vecinos un país pequeño, y algunos de ellos, como Suiza, son ejemplos históricos de pacifismo.

  1. Estándares internacionales

Por todo ello, los libertarios reclamamos con urgencia el desarrollo de estándares internacionales, universales, para la iniciación y ejecución de los procesos de readscripción estatal. Es de sentido común que allí donde un amplio porcentaje de la población (tal vez un quince o veinte por ciento) la inste, debe producirse una consulta o una sucesión de consultas con intervalos prefijados. Hace falta un conjunto de criterios que establezca cuestiones tan importantes como la mayoría necesaria para decidir el cambio (mayoría cuya cualificación podría ser inversamente proporcional a la población consultada, dentro de una horquilla y con unos intervalos universales), las fases del proceso, el censo, la claridad de la pregunta, o el ulterior proceso negociador entre Estados, incluyendo asuntos como la doble nacionalidad temporal, las compensaciones económicas en su caso, etcétera.

En cualquier caso, lo que no es ético, justo ni viable es la pretensión de cristalizar el actual oligopolio de unos doscientos Estados en detrimento de cuantos otros puedan surgir. Si los libertarios criticamos con dureza la concentración oligopólica en sectores como la banca o la energía, ¿cómo no oponernos a ella respecto a los Estados? El Estado no es diferente de las grandes empresas en su comportamiento oligopólico. La absoluta falta de competencia en el “sector” Estados agrava la represión de los pocos y felices integrantes del club actual sobre sus respectivos ciudadanos.

  1. España-Cataluña: ¿qué ha pasado?

Lamentablemente, el jacobinismo es desde hace más de dos siglos una tara inherente a la construcción, a mi juicio inconclusa o acabada de manera no uniforme, del Estado-nación español. Las particulares vicisitudes de nuestra Historia hicieron que España llegara a la época actual con menor cohesión interterritorial que otros grandes Estados-nación europeos. Sencillamente, el nacionalismo español no fue tan eficiente como el francés u otros a la hora de asimilar a determinadas comunidades etnoculturales, que a su vez desarrollaron sus propios nacionalismos. En puridad, tanto la “nación” España como las “naciones” periféricas son legítimas en la medida en que así las sienten millones de personas. No hay sentimientos más legítimos que otros. El conflicto deriva de su solapamiento territorial.

Con voluntad política, el conflicto pudo haberse resuelto mediante un sistema realmente federal. Pudo hacerse al principio de nuestra actual etapa democrática o en algún momento del camino, pero debió hacerse de una vez y por todas. Se argumentó que el sistema autonómico iba a ser tan federal como el que más, e incluso más federal aún en determinados aspectos. La realidad es que la élite política española —tanto el centroizquierda como, particularmente, el centroderecha— lleva cuatro décadas impidiéndolo.

Especialmente insidiosa ha sido la dinámica de constantes recursos de inconstitucionalidad sobre materias autonómicas, máxime cuando el Tribunal Constitucional (TC), pese a su nombre, es un órgano político y no judicial, y es nombrado por la mayoría del Legislativo. Por ello el Partido Libertario, por ejemplo, promueve desde su misma fundación en 2009 la abolición del TC y el control difuso de la constitucionalidad por la vía de la Justicia ordinaria, como en otros países (tal vez culminando en una sala constitucional del Tribunal Supremo).

Durante estas décadas, cada transferencia de competencias a las comunidades autónomas fue una dolorsa amputación para parte de la élite centralista, y no faltaron los cantos recurrentes a la recentralización de los servicios. Es particularmente lamentable que algunos liberales hablen tranquilamente de recentralizar la educación o la sanidad, es decir, cambiarlas de una administración estatal a otra administración estatal, en lugar de promover su total y absoluta devolución a la sociedad civil mediante la privatización, con los correspondientes sistemas de cheque para las rentas bajas.

La sociedad catalana, pese a su anhelo de autogobierno, se ha caracterizado siempre por preferir el pacto y la negociación a cualquier salida violenta. El fenómeno terrorista fue prácticamente insignificante en Cataluña durante la Transición y desapareció después. Durante décadas, el grupo parlamentario de CiU fue uno de los más sensatos del Congreso en la aportación de soluciones a los problemas de la ciudadanía catalana y española (dentro, claro está, del deplorable sistema de hiperestado colectivista vigente). Por todo ello, muchos españoles asisten con incrédulo estupor a la “repentina” deriva de la tensión Madrid-Barcelona, a la supuesta pérdida del seny que tanto se les reconoce a los catalanes en otros terrenos. Esos españoles no logran comprender “qué les ha pasado a los catalanes”, cómo es que “de pronto” han llegado las cosas a un proceso independentista, al “choque de trenes” y a dos convocatorias de referendo en tres años.

Fuera de Cataluña, algunos señalamos en su momento, muy alarmados y sin que casi nadie nos hiciera el menor caso, que era una enorme temeridad recortar, primero en el Congreso y después en el TC, un estatuto aprobado por la cámara autonómica y, sobre todo, por la población consultada en un referéndum legal. Sin embargo, aquella bofetada sin manos le pareció y le parece absolutamente normal a gran parte de quienes hoy se escandalizan por las innegables carencias democráticas de esta última fase del procés. El TC ni siquiera se esfuerza ya en ocultar que es en una tercera cámara legislativa —o “postlegislativa”— que enmienda la plana, no ya a las asambleas autonómicas, sino al electorado, a la población. Aquel recorte fue, sencillamente, gravísimo. Así lo ha llegado a admitir recientemente alguien tan significado contra el procés como el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, unidos a la simple evolución biológica de la sociedad catalana, que va confiriendo derechos a nuevos segmentos juveniles mayoritariamente insatisfechos con la pertenencia a España, mientras van falleciendo los segmentos etáneos menos independentistas.

Cabe señalar que fuera de Cataluña está muy extendida la creencia de que la Generalitat, desde que provee el servicio de educación pública, ha lavado el cerebro de generaciones enteras de jóvenes catalanes. Algunos de quienes propelen esta creencia denunciando con convicción el adoctrinamiento, proponen a continuación, sin inmutarse, que el gobierno central retome las competencias precisamente para hacer lo mismo, pero ahora en dirección contraria. Así —sostienen algunos— en unas décadas no quedará más que un nacionalismo residual, restableciendo la fuerza menor que tenía antes de restaurarse la Generalitat. Me parece exageradísima o directamente irreal la tesis de un adoctrinamiento masivo y totalmente determinante de la sociedad catalana porque, de haberse dado, no tendríamos hoy, décadas más tarde, un contingente unionista estimado nada menos que en la mitad de la población aproximadamente. Quienes más protestan por la ingeniería social que no les gusta suelen ser aquellos que ansían ejercer la que sí les gusta.

  1. El proceso actual

Desde mi doble posición de apoyo general a todos los procesos de secesión en el mundo, y, por qué no decirlo, de particular simpatía con una futura Cataluña independiente si se enmarca en el modelo occidental de libertades, no tengo más remedio que criticar, sin embargo, el proceso político emprendido por la élite independentista catalana. Ese proceso ha adolecido, a lo largo de estos años, de fortísimas carencias que con el tiempo se han agravado hasta llegar a la situación actual de simultánea aceleración y descomposición.

La desconexión legal finalmente practicada es muy precaria, no ya por lo que digan Rajoy o el TC, sino por su insuficiente apoyo social y por una tramitación parlamentaria forzada, en la que se han conculcado los derechos de los parlamentarios opuestos y las garantías políticas y jurídicas propias de unos actos legislativos tan importantes.

Pero, remontándonos a los orígenes del proceso, llama poderosamente la atención el empeño obsesivo por celebrar un referéndum legal y vinculante en el actual marco constitucional español, cosa que, además de ser jurídicamente imposible, cuenta con la hostilidad frontal de un Estado más poderoso. Ha sido una estrategia tan suicida como innecesaria. Había y hay otras vías para llegar a legitimar la secesión, desde unas elecciones plebiscitarias auténticas hasta la proclamación individual de la independencia, mediante documento oficial firmado con nombre y apellidos, incluso ante fedetario público, por millones de catalanes —vía ésta que podría haber totalizado un número incluso superior de “votos”—. Salvando las grandes diferencias de territorio y población respecto a Cataluña, fue así como los habitantes de las Islas Åland gestionaron su proceso de autodeterminación en 1919. En cualquier caso, ya fuera para una de estas opciones, para la vía escogida del referéndum o para cualquier otra, lo que los independentistas han descuidado es lo más importante: el apoyo ciudadano.

Creo que a estas alturas de la evolución política europea, pocas dudas habrá de que cualquier mayoría abrumadora y firmemente decidida a un cambio de estatus jurídico-constitucional es, sencillamente, imparable. Hay sobrados ejemplos de territorios que por una mayoría realmente incontestable han cambiado de estatus venciendo todos obstáculos peores que los de Cataluña. Si en Escocia el resultado del plebiscito celebrado en 2014 hubiera sido el inverso, nadie en su sano juicio habría negado a los escoceses su independencia, ni desde Londres ni desde Bruselas. Sin embargo, el proceso catalán actual proyecta la fuerte sensación de que la población está partida en dos mitades similares. La expresión más gráfica de este problema la vimos el 6 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, al quedar desierta media cámara mientras la otra votaba en solitario y cantaba Els Segadors.

Tal vez habría sido prudente que los independentistas esperaran unos pocos años, ya que el tiempo y la biología juegan a su favor, y se concentraran en sumar de verdad las voluntades necesarias en el seno de la sociedad. Igual que algunos representantes del conservadurismo español son la mayor fábrica de independentistas, los independentistas catalanes han actuado en ocasiones con un apresurado sectarismo que puede haber fabricado muchos unionistas por rechazo a las formas. Una independencia no es cosa de un 50,0001% de la población, por más que resulte lamentable que ese mismo porcentaje sí baste para la continuidad del statu quo. Es que todo statu quo tiene la ventaja de la inercia.

Comprendiendo que el acoso permanente desde Madrid ha impedido hacer las cosas de una manera mejor, considero el actual proceso muy debilitado y contraproducente para las legítimas aspiraciones de secesión que alberga una parte sustancial pero —aparentemente— insuficiente todavía de la sociedad catalana. Y debo añadir que a los independentistas catalanes les cabe una importante responsabilidad internacional: si su proceso culmina con éxito y en paz, bien podría ser la primera ficha de un efecto dominó europeo y hasta universal al que como libertario doy la bienvenida. Si por el contrario fracasa estrepitosamente —pero no ya por impedirlo Madrid sino por implosionar a causa de la falta de apoyo popular suficiente—, o si llega a adquirir una dimensión violenta, será un mazazo para la causa universal de la autodeterminación, pues podrá emplearse como precedente para justificar la radical prohibición de procesos similares en otros países.

  1. La respuesta del gobierno Rajoy

Ya desde hace años, la respuesta del gobierno es arrogante y desproporcionada, pero, sobre todo, escasamente inteligente. Apelar a la no legalidad es la respuesta que cabría esperar del gobierno español cuando de verdad se proclame la independencia, pero no es la respuesta que formalmente merece una consulta a la población, ni es la que merece una parte sustancial de la población de cualquier comunidad autónoma que reclama ser consultada sobre lo que sea. Lo mínimo que un gobierno español debe hacer ante el clamor de la mitad de una comunidad autónoma sobre cualquier asunto es escuchar. Lo peor que puede hacer es responder con automatismos procedimentales y reglamentarios a un problema político, relacionado además con arraigados sentimientos y fuertes emotividades por parte de todos.

Al responder así durante años, la élite política española ha demostrado que, en realidad, ni le importa Cataluña ni le importan los catalanes, sino únicamente mantener el statu quo. A mi juicio, a la élite política española le ha faltado el talante de respeto a las libertades que, en cambio, adornó la conducta política de su homóloga británica en el caso escocés. Desde la perspectiva de los unionistas, lo más inteligente habría sido celebrar un referéndum legal y vinculante, y ganarlo “cauterizando” así la herida por décadas. Y además podrían haberlo logrado, yo diría que incluso con facilidad, dada la insuficiente labor de convencimiento y obtención de apoyo social por parte del independentismo. Pero su ceguera y su visceralidad le han impedido reiteradamente considerar siquiera una opción así. Es sorprendente que a estas alturas no se esté debatiendo tanto sobre la independencia en sí como sobre el derecho o no a proclamarla.

Llegados al punto actual, y una vez aprobada la ley del referéndum por la cámara autonómica, el gobierno podría haberse limitado a ridiculizar el plebiscito, señalando que no lo reconoce y que no tiene efectos legales, que es un mero acto político sin consecuencias reales. Esto habría rebajado la tensión y habría evitado el que puede ser el espectáculo más bochornoso desde 1978: que la BBC o la CNN abran sus informativos con imágenes de la Guardia Civil incautándose de un peligroso alijo de urnas o de papeletas, o esposando a políticos catalanes. Al publicar este artículo, las actuaciones de la Guardia Civil en la sede del semanario El Vallenc ya están en las noticias de todo el mundo. Como he dicho en Twitter, quiero viajar por el mundo pudiendo llamarme español sin que nadie me recrimine que mi país impide votar y retiene a la fuerza a una población descontenta. La marca-país española no merece el daño que sin duda le producirá una actuación abiertamente represiva contra un proceso electoral, por más que se tache de ilegal.

El referéndum podrá no tener validez legal desde la perspectiva española, pero tampoco constituye un crimen nefando que justifique una reacción tan airada y represiva. Cualquier administración está en su derecho de consultar a sus ciudadanos. Si les consulta sobre algo ilegal, pues la consulta es nula y punto.

No me parece razonable la posición del gobierno, pero mucho menos la de algunos liberales moderados y liberal-conservadores que van mucho más allá y piden abiertamente la intervención de Cataluña y la cancelación de su autonomía política, cuando no la ocupación armada del territorio. Me parece una posición incendiaria e impropia de quienes comparten planteamientos pro-Libertad para todas las demás cuestiones, pero creo que no lo hacen por mala fe sino por un exacerbado sentimiento nacional que está profundamente herido. Mucho me temo que la sociedad española, si nadie pone un poco de sensatez a la gestión de este asunto, puede sufrir un mazazo similar al de la pérdida de la guerra contra los Estados Unidos en 1898, y sinceramente me parece que no estaría justificada una reacción así en esta época. Pero el gobierno y el conjunto de la élite política de PP, PSOE y Ciudadanos están generando un clima de opinión trágica ciertamente desmedido.

Hay que recordar que si Cataluña se independiza no hay mucho que cambie sustancialmente para los españoles de a pie. Sí para el Estado, principalmente a efectos fiscales. Las empresas, las familias mixtas, la cultura… todo seguirá de forma parecida. Las relaciones directas interpersonales, que son las que cuentan, serán como las que hoy tenemos con los portugueses, o mucho más fluidas por un pasado común tan reciente. De verdad, no creo que esto sea para tanto.

  1. La desconexión social y cultural ya es un hecho

Es triste que España no haya trabajado por mantener a Cataluña en su seno de la manera que eso se hace en los países de nuestro entorno político, es decir, mediante la negociación para dotar a una comunidad descontenta de un marco definitivo que satisfaga sus expectativas. Desde Flandes hasta las Islas Åland y desde un marco federal real hasta la libre asociación, muchas habrían sido las opciones disponibles, o tal vez habría bastado respetar el estatuto votado en referéndum por la población catalana.

Ahora ya es tarde y la desconexión es inevitable salvo que se impida mediante sucesivos actos de fuerza física para cada una de sus expresiones, lo que sin duda puede generar una espiral a todas luces indeseable. Estamos en el peor escenario, el de la división a partes prácticamente iguales de la sociedad catalana. Pase lo que pase hasta el 1-O y durante esa jornada, ni hay una decisión generalizada de independencia tan contundente y masiva que resulte inapelable, ni hay una decisión contraria igualmente clara y generalizada, ni hay tampoco un procedimiento consensuado, no ya con Madrid sino dentro de la propia Cataluña.

La desconexión “física” en un caso como el catalán podría terminar sucediendo, en caso de imposibilidad de negociarse con España, mediante la desobediencia generalizada y acciones similares a las del euromaidán de Kiev, etcétera, pero, nuevamente, todo eso sólo se justificaría internacionalmente si el consenso de ruptura fuera realmente muy amplio, escenario que de momento no se da en la sociedad catalana. Iniciar el proceso de desconexión en estas circunstancias puede haber sido precipitado, y las consecuencias pueden ser impredecibles.

  1. El peligro totalitario y el papel de los libertarios

Pese al ruido que hace la CUP, el peligro de que una Cataluña independiente se convierta en una Venezuela me parece más una exageración de los medios que una amenaza real. Esto es Europa. Cataluña está geográficamente donde está. El 20% del PIB del Estado actual es una parte relevante de la riqueza europea, superior a la de muchos países pequeños. Creo que, de producirse la definitiva ruptura entre España y Cataluña, los gobiernos europeos que hoy apoyan sin fisuras al gobierno, como manda el guion, no tardarán en cambiar de posición. Así lo hicieron en su día respecto a Eslovenia, la primera república que se desgajó de Yugoslavia. A nadie le interesaba entonces un conflicto pegado a Italia. A nadie le interesa hoy uno limítrofe con Francia. Eso no significa que Cataluña pueda continuar en la Unión Europea (ni falta que le hace), sino que sería reconocida como Estado y probablemente pasaría a formar parte del Consejo de Europa y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Europa no se va a arriesgar a que, en plena Europa occidental, se instaure un régimen de extrema izquierda.

Más preocupante es, sin embargo, el corrimiento de todo el mapa político catalán hacia posiciones situadas varios pasos más a la izquierda que en cualquier otro país europeo. Los liberales moderados que engrosaron Llibergència durante años, y el resto de liberales y de libertarios catalanes, han fracasado al permitir que el procés sea rentabilizado principalmente por ERC y las CUP, y quizá en breve también por Podem. Muchos se preguntan en Madrid qué ha sido de aquella élite catalana burguesa y sensata, que enviaba al Congreso representantes con quienes, al margen de la cuestión catalana, se podía estar de acuerdo en casi todo.

Creo que los liberales clásicos y libertarios catalanes deben reflexionar profundamente sobre el modelo de Cataluña que quieren. Deben plantearse si ha sido oportuna la alianza tan claudicante que han sellado con la izquierda más izquierda, poniendo quizá en riesgo la credibilidad externa del propio procés, y deben esforzarse ante todo en restañar las heridas y recomponer las relaciones entre aquellos que, desde nuestras ideas, quieren la independencia y aquellos otros que no.

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